La mañana del miércoles 7 de enero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la movilización inmediata de un operativo de rescate. Más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron desplegados para asegurar la integridad de más de 900 animales que se encontraban en el Refugio Franciscano, ubicado en la carretera México-Toluca, dentro de la alcaldía Cuajimalpa. La intervención, de carácter urgente, se ordenó tras verificarse condiciones extremas que ponían en riesgo la vida de los ejemplares.
La decisión de actuar no se tomó a la ligera. Las autoridades, tras una evaluación, comprobaron situaciones graves de maltrato, problemas de salud generalizados y condiciones de hacinamiento inaceptables. Brugada fue clara al señalar que su administración no intervendría en el litigio jurídico por la propiedad del predio, un conflicto entre particulares y la Fundación Haghenbeck. Sin embargo, subrayó que el deber del Estado es garantizar la protección de la vida, lo que justificaba plenamente la acción ejecutiva para sacar a los animales de ese entorno.
El estado de muchos de los rescatados es crítico, requiriendo atención médica veterinaria inmediata. Para ello, el gobierno capitalino implementó un protocolo de atención escalonado. La mayoría de los animales serán trasladados a un espacio habilitado específicamente en la zona del Ajusco, donde se les proporcionará alimentación, resguardo y cuidados básicos bajo supervisión oficial. Aquellos que presentan cuadros más graves, necesitando intervenciones urgentes o estabilización, han sido derivados a una red de hospitales veterinarios, que incluye tanto clínicas de la Ciudad como establecimientos privados, para asegurar que reciban el tratamiento especializado que requieren.
Hasta el momento, no se han realizado detenciones vinculadas a las condiciones del refugio, pero la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta una carpeta de investigación. El objetivo de esta indagatoria es deslindar responsabilidades legales respecto al maltrato animal detectado, un proceso que podría llevar a imputaciones una vez que se recaben todas las pruebas y testimonios. Este aspecto jurídico es crucial para sentar un precedente y evitar la impunidad en casos de negligencia grave.
Las imágenes y testimonios que comenzaron a circular en redes sociales corroboran la magnitud del problema. Se observa a cientos de perros encerrados, muchos mostrando signos evidentes de miedo y desconfianza ante la aproximación humana, un comportamiento típico en animales que han sufrido abandono o trato inadecuado. Estas evidencias visuales han contribuido a dimensionar la urgencia de la situación que las autoridades encontraron en el lugar.
Más allá de la emergencia, la mandataria capitalina anunció que este caso actuará como catalizador para un cambio normativo. Próximamente, su gobierno presentará iniciativas de ley ante el Congreso local con el objetivo de regular de manera estricta la operación de refugios y albergues de animales en la Ciudad de México. La meta es establecer criterios claros de capacidad, sanidad, manejo y supervisión, transformando el marco legal para que espacios creados para ofrecer protección no puedan degenerar, por omisión o acción, en focos de sufrimiento y negligencia. Esta medida busca institucionalizar la protección animal, pasando de la reacción a hechos consumados a la prevención mediante una regulación robusta y aplicable.
