Gobierno estatal distribuye guías de voto con QR pese a prohibición del INE

Mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) insiste en que la distribución de material con fines de coacción electoral está expresamente prohibida, fuentes internas confirman que coordinadores del llamado “operativo acordeón” continúan repartiendo guías de voto entre empleados públicos. ¿Qué ocultan estos documentos y por qué se instruye a los funcionarios evitar evidenciar su contenido?

Un testimonio exclusivo de un empleado de la Secretaría de Educación estatal revela que recibió físicamente su “acordeón” con instrucciones precisas, incluyendo un código QR que, según denuncia, serviría para verificar si cumplió con la orden de votar por los candidatos designados. “Argumentan que no es ilegal y que viene directamente de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, confiesa la fuente bajo condición de anonimato.

Investigaciones paralelas en dependencias como Economía, Salud, Cecyte y Conalep confirman el patrón: las guías circulan tanto en formato físico como digital, con advertencias explícitas para evitar registro fotográfico. “Nos pidieron solo mostrar el INE y el nuevo QR si había cámaras”, relata una trabajadora del sector salud.

Documentos obtenidos por este medio detallan los nombres promovidos en el Distrito Judicial 2: Mariana Narro (Contraloría), Karla Berenice Gámez (Participación Ciudadana) y Édgar Rodríguez (Tribunal de Justicia Administrativa), entre otros. Para la Suprema Corte, la lista incluye a figuras polémicas como Yasmín Esquivel y Lenia Batres, todas con vínculos a Morena.

Lo más inquietante surge en el plano federal: Bernardo Bátiz para el Tribunal de Disciplina Judicial, y Claudia Valle Aguilasocho para el Tribunal Electoral, junto a otros magistrados acusados de parcialidad. ¿Se trata de una estrategia coordinada para controlar los tres poderes? Las pruebas sugieren que el operativo se extendió al Macrocentro de San Bernabé, donde decenas recibieron el material.

Este medio confrontó a la Administración de Samuel García con las evidencias, sin obtener respuesta. Mientras el INE investiga, las preguntas persisten: ¿Quién diseñó este sistema de verificación mediante QR? ¿Qué consecuencias enfrentarán los funcionarios que participaron? La línea entre orientación electoral y coerción parece difuminarse en Nuevo León.