Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el Gobierno federal no cobrará el impuesto a videojuegos violentos, incluido originalmente en la Miscelánea Fiscal 2026, debido a la falta de criterios claros para determinar qué títulos pueden considerarse violentos.
Durante la conferencia matutina del martes en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la decisión responde a la dificultad de establecer una línea objetiva para clasificar los contenidos y aplicar un gravamen específico. La mandataria recordó que, aunque solicitó que el impuesto fuera retirado desde la discusión de la Ley de Ingresos, permaneció aprobado, por lo que el Gobierno optó por no cobrarlo.
El impuesto propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contemplaba una tasa del 8% sobre la venta de videojuegos en formato físico y en servicios digitales, ofrecidos por empresas nacionales y extranjeras sin establecimiento permanente en México. La medida estaba enfocada en videojuegos clasificados como C y D, es decir, con contenido violento, extremo o exclusivo para adultos, con la intención de limitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a estos materiales.
Ante la imposibilidad de definir objetivamente los contenidos violentos, el Gobierno decidió impulsar campañas educativas dirigidas a jóvenes y adolescentes para concientizar sobre el uso responsable de los videojuegos y los posibles efectos asociados al consumo prolongado de contenidos digitales.
La industria de los videojuegos en México ha mostrado un crecimiento significativo: en 2024, el sector superó los 2,300 millones de dólares y registró más de 76 millones de jugadores activos, lo que posiciona al país como el décimo mercado mundial y el primero en América Latina.
Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, el 26% de los jugadores mexicanos consume videojuegos de disparos y el 25% de peleas, mientras que en niñas y niños los porcentajes son del 17% y 26%, respectivamente.
El Gobierno destacó que muchos videojuegos operan en línea y generan gastos recurrentes, por lo que la estrategia se enfocará en información, prevención y construcción de la paz, priorizando la educación sobre la fiscalización directa del sector.
