El gobierno federal ha dado por concluido el estímulo fiscal que durante años aplicó a los combustibles automotrices. A partir del 1 de enero de 2026, los consumidores de gasolina y diésel asumirán en su totalidad el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro que adquieran, confirmando una tendencia que se mantuvo durante casi todo el año 2025. Este movimiento representa un cambio estructural en la política de precios de los energéticos, alineándola con una postura fiscal menos intervencionista.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó este cambio al publicar, el último día de 2025, que los montos del estímulo para el periodo del 1 al 9 de enero del nuevo año serán del cero por ciento. En términos prácticos, esto significa que el gravamen completo recae sobre el usuario final. Las cuotas específicas que ahora pagarán íntegramente los consumidores son de 6.70 pesos por litro para la gasolina Magna, 5.65 pesos para la Premium y 7.36 pesos para el diésel. Estas cifras ya incorporan el ajuste anual del 3.8%, actualizado conforme a la inflación, que la SHCP aplica de manera regular.
No obstante, existe una importante salvedad para la gasolina de mayor consumo en el país. Para la Magna, también conocida como regular, permanece vigente un acuerdo entre el gobierno federal y los representantes de las estaciones de servicio para contener su precio por debajo de la barrera de los 24 pesos por litro. Este pacto actúa como un mecanismo de contención social, amortiguando el impacto inmediato del retiro del subsidio para el combustible más popular. En consecuencia, mientras el impuesto se paga en su totalidad, el precio final al público se mantiene artificialmente estabilizado mediante este entendimiento, al menos de manera temporal.
La situación es distinta y más directa para los usuarios de gasolina Premium y diésel. Para estos combustibles, la eliminación del estímulo fiscal se traduce en un incremento inmediato y completo en el precio final, ya que no están cubiertos por el acuerdo de contención. Los consumidores de estos productos, que incluyen a una amplia gama de vehículos particulares de gama alta, flotas de transporte de carga y de pasajeros, así como maquinaria industrial y agrícola, absorberán directamente el costo total del IEPS. Este aumento tiene implicaciones inflacionarias de segunda ronda, ya que puede elevar los costos de transporte de mercancías y servicios, presionando eventualmente los precios al consumidor en diversos sectores de la economía.
Desde una perspectiva de las finanzas públicas, la desaparición del subsidio ha generado un aumento significativo en la recaudación federal. Solo en el periodo de enero a noviembre de 2025, la SHCP reportó una recaudación por concepto de IEPS a gasolinas de 405,077 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento del 7.8% respecto a los 362,024 millones de pesos obtenidos en el mismo lapso de 2024. El flujo de estos ingresos adicionales ofrece mayor margen de maniobra fiscal al gobierno, pero simultámente transfiere la carga financiera directamente a las familias y las empresas.
El retiro definitivo de este apoyo marca el fin de una política que se implementó históricamente para suavizar las volatilidades internacionales del precio del petróleo y proteger el poder adquisitivo de la población. Su ausencia prolongada durante 2025 y ahora su eliminación formal para 2026 indican una priorización de la disciplina fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas. El impacto a mediano plazo dependerá de la evolución de los precios internacionales del crudo y del tipo de cambio, variables que, si presentan alzas significativas, podrían exponer a los consumidores a presiones de precio aún mayores sin la red de seguridad que antes representaba el estímulo.
