Una investigación revela el nuevo operativo de seguridad para un combustible de alto riesgo
Tras años de operar bajo un esquema de autoregulación y confianza, la industria del gas licuado de petróleo (LP) en México enfrenta un cambio de paradigma. El gobierno federal ha desclasificado dos nuevas normas de emergencia que, según nuestras indagaciones, buscan terminar con la opacidad que por décadas ha rodeado al transporte de este combustible volátil.
¿Qué falló en el sistema anterior para justificar esta intervención? La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente: “Antes no había inspección; se le creía a la empresa… ahora no, ahora va a haber una inspección”. Esta declaración, obtenida durante una sesión informativa reservada, sugiere que las autoridades han estado operando con información limitada sobre el verdadero estado de la flota transportista.
Nuestra redacción tuvo acceso a los documentos técnicos de las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025. La evidencia documental revela que hasta ahora, las verificaciones se limitaban a inspecciones visuales superficiales. La nueva regulación exige pruebas de presión hidrostática y revisiones internas de los contenedores, un procedimiento que expertos consultados consideran fundamental para prevenir fugas catastróficas.
Pero el hallazgo más significativo de nuestra investigación son los mecanismos de control remoto. Fuentes dentro de la Secretaría de Energía confirmaron que, aunque algunos transportistas ya contaban con dispositivos de localización satelital, existía un vacío legal que impedía su monitoreo en tiempo real. “El GPS era ornamental”, admitió un funcionario bajo condición de anonimato.
Las nuevas disposiciones establecen la obligatoriedad de “gobernadores de velocidad” y sistemas de posicionamiento global conectados a un centro de vigilancia centralizado. Según testimonios recabados, este centro operará las 24 horas desde las instalaciones de la SENER, representando un cambio radical en la supervisión del parque vehicular estimado en 35,000 unidades.
¿Por qué la urgencia? Documentos internos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) obtenidos por este medio revelan que el plazo de implementación es agresivo: cuatro meses para el transporte y hasta seis meses para distribución. Este calendario acelerado sugiere que las autoridades han identificado vulnerabilidades críticas que requieren atención inmediata.
La triangulación de información nos permitió descubrir otro elemento clave: el programa de inspecciones conjuntas entre la SICT, CNE y ASEA. Este operativo interinstitucional, que hasta ahora operaba de manera fragmentada, se coordinará para verificar condiciones físico-mecánicas, vigencia de permisos y consistencia en el padrón vehicular.
El director ejecutivo de ASEA, Armando Ocampo Zambrano, confirmó en entrevista exclusiva que el incumplimiento tendrá consecuencias económicas inmediatas. “El código QR no es decorativo; es la llave para verificar el cumplimiento integral”, advirtió.
Al conectar los puntos, nuestro análisis revela un patrón claro: después de depender de la buena fe de los transportistas, el gobierno está implementando un sistema de vigilancia tecnológica sin precedentes. Las revelaciones sugieren que la seguridad en el transporte de gas LP estaba comprometida por vacíos regulatorios que ahora buscan cerrarse mediante monitoreo satelital, control de velocidad y verificaciones técnicas profundas.
La verdad que emerge es contundente: México está transitando de la confianza a la verificación tecnológica en el manejo de uno de los combustibles más peligrosos para la población.
