Gobierno sanciona a tres empresas por fraude en licitaciones públicas

Transparencia en acción: sanciones por datos falsos en compras del Estado

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó sanciones ejemplares a tres proveedores por manipular información en procesos de adquisición pública. Las empresas Ravisa Autos del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos quedaron inhabilitadas para contratar con la Administración Pública Federal, marcando un precedente en la lucha por la integridad en el gasto público.

Proveedores sancionados y el costo de la deshonestidad

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía impuso a Ravisa Autos del Oriente una multa de 175,367 pesos y tres meses de exclusión. La causa: presentar una constancia fiscal adulterada en una licitación electrónica para la adquisición de camionetas pickup. La notificación oficial se emitió el 18 de diciembre de 2025.

Paralelamente, el OIC de la Secretaría de Salud sancionó a Gen Industrial y Escore Alimentos con una multa conjunta de 157,685 pesos y la misma pena de inhabilitación temporal.

Detalles de las infracciones en plataformas digitales

Gen Industrial falseó datos en su propuesta para un contrato de recolección de residuos, dentro del sistema de Licitación Pública Nacional Electrónica. Escore Alimentos, por su parte, alteró una opinión de cumplimiento fiscal en un proceso para la contratación de servicios de alimentación. Las resoluciones se notificaron los días 18 y 19 de diciembre, respectivamente.

Consecuencias en la era de los datos abiertos y la rendición de cuentas

Las sanciones ya figuran en el Diario Oficial de la Federación y en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, una base de datos pública que bloquea su acceso a futuras contrataciones. Este mecanismo de transparencia refleja un nuevo paradigma de gobierno abierto, donde la trazabilidad y la reputación digital son activos críticos. La dependencia afirmó que las medidas se aplicaron con proporcionalidad y apego a la normativa, y están preparadas para defenderlas legalmente en protección del interés colectivo.

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