En un movimiento que promete aliviar el presupuesto familiar, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la firma de un convenio sin precedentes con la industria molinera y distribuidores de tortilla. ¿Pero qué garantiza que este pacto voluntario funcionará donde otros han fracasado?
Durante su conferencia matutina, la mandataria desglosó la estrategia: eliminar eslabones en la cadena de comercialización. “El exceso de intermediarios infla artificialmente los costos”, declaró, revelando que el acuerdo prioriza la conexión directa entre productores agrícolas y procesadores. Fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron a este medio que el pacto incluye cláusulas de auditoría mutua.
Sin embargo, documentos obtenidos mediante solicitudes de transparencia plantean dudas: ¿Cómo se fiscalizará el cumplimiento? Un informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de 2024 señala que el 68% de los acuerdos de contención de precios se rompen antes de 90 días. Sheinbaum reconoció el reto: “Estableceremos mesas de seguimiento con participación ciudadana”, prometió.
El plan incluye un componente social: en comunidades marginadas, el programa Alimentación para el Bienestar subsidiará parcialmente el producto. Testimonios de tortilleros en Chiapas, no obstante, revelan preocupación: “Si no llega el maíz a tiempo, el compromiso se vuelve papel mojado”, advirtió un productor bajo condición de anonimato.
Este reportaje continúa investigando: ¿Responderá el mecanismo ante fluctuaciones internacionales del grano? Expertos consultados coinciden en que la verdadera prueba llegará con la próxima cosecha.
