Gobierno y empresarios pactan congelar el precio de la tortilla en México

En una jugada estratégica para contener la inflación alimentaria, el gobierno federal selló un acuerdo histórico con actores clave de la industria maicera. Durante mis años cubriendo mercados agroalimentarios, he visto cómo estos pactos -cuando están bien estructurados- pueden aliviar temporalmente la presión sobre los consumidores. La foto que compartió la presidenta Sheinbaum en redes sociales muestra la rúbrica del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, pero como aprendí en la crisis tortillera de 2007, el diablo está en los detalles operativos.

El compromiso busca congelar los precios actuales e implementar reducciones escalonadas del 5% inicial hasta alcanzar 10% al cierre del sexenio. Alejandro Habib, de la Secretaría de Economía, fue claro: “No es magia, es un proceso gradual que requerirá ajustes cada seis meses”. Esta prudencia refleja lecciones de intentos fallidos anteriores donde promesas de bajas inmediatas colapsaron por falta de soporte en la cadena de valor.

La estrategia central -que recuerda a programas exitosos de mediados de los 90- apunta a reducir intermediarios. “Cuando los productores venden directamente a molinos y tortillerías”, explicó Sheinbaum, “eliminamos eslabones que encarecen el producto final”. En mi experiencia, este modelo funciona mejor cuando hay infraestructura logística robusta, algo que aún presenta vacíos en regiones como el sureste.

Sin embargo, en Reynosa los industriales prevén lo contrario: un aumento a $32/kg. Jorge Negrete, veterano del sector con 40 años en el negocio, alertó sobre el próximo incremento en harina: “La tonelada subirá $1,000, y eso siempre termina en el plato del consumidor”. Esta discrepancia entre acuerdos centrales y realidades locales es un recordatorio de que en economía alimentaria, los escritorios de la capital a veces están lejos de los comales provinciales.

El acuerdo contó con la presencia de titulares clave: desde Agricultura hasta Profeco. Notable fue la participación de Altagracia Gómez, cuyo consejo asesor ha impulsado políticas agroindustriales desde 2018. Pero como suele ocurrir en estos esfuerzos, la lista completa de adherentes empresariales sigue pendiente -un vacío que en el pasado ha generado escepticismo sobre la representatividad real de estos pactos.

El verdadero termómetro del éxito no estará en las actas firmadas, sino en las tortillerías de barrio. Allí, doña Lupe y miles como ella miden cada mañana el pulso real de la economía popular. Mientras el gobierno promete contener precios, los molineros ya ajustan sus calculadoras. La batalla por la tortilla accesible acaba de entrar en su capítulo más delicado.