Godoy anuncia reforma aduanera contra corrupción e IEPS

La Estrategia Legislativa que Busca Transformar la Economía y la Salud

En el corazón del poder, entre los muros de San Lázaro, la Consejera Jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, desvela una agenda legislativa que promete sacudir los cimientos de sectores enteros de la economía nacional. ¿Está México realmente preparado para una reforma aduanera de “gran calado” que, según sus propias palabras, causará “mucho escozor”? Las declaraciones, obtenidas en una reunión plenaria con diputados de Morena, pintan un escenario de intenso cabildeo y resistencias.

Pero, ¿qué se esconde detrás del término “gran calado”? Nuestra investigación revela que la propuesta busca “apretar” todo el entramado de importaciones y exportaciones con un objetivo declarado: erradicar la corrupción endémica que por décadas ha plagado las aduanas mexicanas. Fuentes cercanas al proceso, que prefirieron mantenerse en el anonimato, anticipan una confrontación directa con las poderosas asociaciones de agentes aduanales y sus lobbies.

El Paquete Económico 2026, programado para llegar a la Cámara de Diputados el próximo 8 de septiembre, contiene otra bomba de tiempo: modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las refresqueras. Godoy misma vaticina “mucho cabildeo” por parte de esta industria. ¿Por qué este impuesto específico genera tanta atención? Los analistas consultados sugieren que podría tratarse de una estrategia dual: aumentar la recaudación y desincentivar el consumo de bebidas azucaradas como política de salud pública.

La trama se complica cuando la funcionaria menciona una inminente reforma a la Ley General de Salud. Este proyecto legislativo incluiría no solo la prohibición de vapeadores, sino cambios profundos en el polémico sistema de compra masiva de medicamentos. ¿Será esta la respuesta definitiva a las críticas por desabasto y opacidad que han perseguido a este programa? El texto buscaría crear un Sistema Nacional de Salud unificado, donde “no importa si eres del ISSSTE, te vas al IMSS Bienestar”, según Godoy. Un objetivo loable, sin duda, pero ¿qué obstáculos ocultos encontrarán en el camino?

Nuestro equipo de investigación identificó al menos otras cuatro iniciativas en desarrollo: una modificación a la Ley de Amparo para concluir la reforma judicial, una actualización a la Ley Federal de Propiedad Industrial para agilizar el Plan México y el T-MEC, una ley general contra la extorsión, y las reformas pendientes en protección animal y derechos indígenas.

La revelación más significativa, sin embargo, podría ser el anuncio de que la Presidencia pondrá “freno” a las iniciativas legislativas con impacto presupuestal. ¿Significa esto que el gobierno central está reconociendo límites financieros inesperados? ¿O se trata de una estrategia para concentrar recursos en sus proyectos prioritarios?

Las piezas están sobre la mesa. Una agenda ambiciosa que promete combatir la corrupción aduanera, enfrentar a poderosas industrias y reorganizar el sistema de salud. Pero entre el discurso oficial y la implementación real suele haber un abismo. La verdadera prueba comenzará cuando estas iniciativas se enfrenten al escrutinio legislativo y a los intereses que prometen afectar. Solo entonces sabremos si estas reformas son realmente el cambio estructural que México necesita o simplemente otra promesa más en el complejo juego del poder.