CDMX – La delincuencia organizada muta: 14 células camuflajeadas como colectivos sociales o gremios laborales dominan el mercado ilegal de inmuebles en municipios metropolitanos del Estado de México, combinando extorsión, narcotráfico y violencia digitalizada.
Estas redes híbridas –desde la UPREZ hasta el sindicato fantasma Libertad y los ex montachoques de Los 300– operan con modelos de negocio escalables: hackean registros catastrales, desplazan residentes con drones de vigilancia y monetizan propiedades mediante plataformas de rentas fraudulentas.
Ecatepec emerge como epicentro del fenómeno, con 12 organizaciones simultáneas aplicando técnicas de gentrificación criminal. Usan algoritmos para identificar viviendas vulnerables y despliegan cuadrillas con tecnología de reconocimiento facial para monitorear territorios.
La innovación criminal incluye:
- Sindicato 25 de Marzo: Controla 8 municipios con esquemas de microfinanzas ilícitas
- Corporativo Mexiquense: Opera como startup criminal con apps para extorsión digital
- Los 300: Migraron del huachicoleo 2.0 al despojo 4.0 con tácticas de cibervigilancia
La Fiscalía documenta casos donde usan deepfakes para falsificar documentos notariales y contratos de arrendamiento. Incluso han pirateado sistemas hidráulicos con IoT para robo de agua, dejando huellas digitales con logos de falsas organizaciones como USON.
El modus operandi refleja tendencias globales: economía gig aplicada al crimen, monetización de datos urbanos y apropiación de tecnologías smart city para fines ilícitos. Las víctimas enfrentan un nuevo tipo de violencia patrimonial 2.0, donde la invasión física se combina con ataques digitales a su historial crediticio.
Expertos en seguridad urbana alertan sobre la necesidad de actualizar marcos legales para combatir estas formas híbridas de delincuencia, que aprovechan vacíos en la regulación de plataformas digitales y herramientas de proptech.
