Guanajuato indaga millonario contrato de exgobernador con Seguritech

La administración actual de Guanajuato, liderada por la gobernadora Libia García, ha decidido remover las capas de un escándalo que podría redefinir los estándares de rendición de cuentas en México. No se trata solo de auditar contratos por 2,800 millones de pesos, sino de cuestionar un ecosistema donde lo público y lo privado se entrelazan peligrosamente.

¿Cómo explicar que el exmandatario Diego Sinhue Rodríguez resida en una mansión valuada en 20 millones de pesos propiedad de un ejecutivo de Seguritech? Esta empresa, fundada por el controvertido Ariel Picker, lleva más de una década tejiendo relaciones con gobiernos panistas. La llamada “Casa Azul” en Houston podría ser la punta del iceberg de un modelo donde los servicios de seguridad se convierten en moneda de influencia política.

“No defendemos intereses particulares, sino la integridad institucional”, declaró García, mientras expertos en anticorrupción señalan que este caso podría inspirar una nueva generación de auditorías proactivas.

Más allá de las negativas del exgobernador sobre la propiedad inmobiliaria, el verdadero disruptor aquí es la metodología de investigación cruzada entre periodistas de POPLab y CONNECTAS, que combinó análisis financiero con inteligencia urbana para rastrear activos. Este paradigma podría replicarse para auditar a toda la clase política.

El caso Seguritech plantea una pregunta incómoda: ¿Estamos ante un esquema aislado o frente a un modus operandi sistémico donde las empresas de seguridad privatizan la gobernanza? La respuesta podría reescribir las reglas de contratación pública en América Latina.