En un acto de justicia celestial que conmovería al mismísimo Robin Hood, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha decidido que ha llegado el momento de impartir equidad en el salvaje oeste digital. Anuncia, con la solemnidad de un edicto real, un “apretón fiscal” de proporciones épicas dirigido a las herejes fintechs, esas modernas alquimistas que osaban operar en los intersticios de la ley.
La sagrada Iniciativa de Ley de Ingresos 2026 desvela, como si de un papiro sagrado se tratara, la herejía cometida: las tecnológicas habían eludido su sagrado deber de retener y entregar el óbolo al fisco. Para corregir esta blasfemia, se propone la santa cruzada de la “homologación“, un término mágico que justifica cualquier confiscación en nombre de la igualdad.
El sumo sacerdote Edgar Amador, en una de sus revelaciones públicas, proclamó que estas startups, por el pecado capital de ser “novedosas” y un “sector naciente”, habían disfrutado de un trato diferenciado. ¡Imaginen la afrenta! Ofrecer cuentas de ahorro o inversión sin la bendita retención que aplica a los mortales bancos. La verdadera intención, aseguró con un halo de virtud, es la transparencia para el contribuyente, obligando a estas jóvenes empresas a convertirse en recaudadores forzosos del erario.
Pero la piadosa medida no termina ahí. En un giro de tuerca maquiavélico, también se cancela la deducibilidad de los pagos que la banca hace al Fobaproa. La explicación, adornada con la retórica de la armonización global, es una obra maestra del doblepensar: se hace para “evitar abusos” de las entidades crediticias y para homologar a México con estándares de países como Canadá o Estados Unidos. Allá, las contribuciones a su fondo de garantía (el FDIC) tampoco son deducibles. Así, en nombre de la equidad internacional, se aplica el mismo yugo a todos, porque en el reino de la fiscalidad, la “igualdad” no significa trato justo, sino que todos sufran por igual.
El mensaje subliminal es claro: en el gran circo de las finanzas, ya sea un banco centenario con sedes de mármol o una fintech operando desde una cocina, todos deben bailar al mismo son del tambor fiscal. El Estado, en su infinita sabiduría y benevolencia, no discrimina a la hora de apretar las tuercas.
