Con el peso de la experiencia que dan los años en el ámbito fiscal, he sido testigo de cómo la entrega del Paquete Económico marca el ritmo de la nación para el año siguiente. Hoy, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, ha presentado formalmente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por Kenia López, el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026. He aprendido que estos documentos, más que cifras, son una declaración de intenciones y prioridades de un gobierno.
Una de las iniciativas centrales, y que recuerda debates pasados, es el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas y productos del tabaco. Desde mi perspectiva, he visto cómo estas medidas, aunque impopulares para algunos sectores, se argumentan desde una doble vertiente: la salud colectiva y la sostenibilidad financiera. “Proponemos instrumentos de política fiscal en favor de la salud pública“, declaró Zamora. “A partir de 2026 se ajustará el IEPS aplicado a refrescos y cigarros, con un doble objetivo: incentivar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados con el tratamiento de las enfermedades vinculadas con el consumo de estos productos”. Es una lección reiterada: gravar para desincentivar y, al mismo tiempo, generar ingresos que mitiguen el costo que esos mismos productos generan al sistema.
El otro pilar, tan crucial como el primero, es el destino de estos recursos. El funcionario federal destacó que para los programas de desarrollo social se destinará el 3% del Producto Interno Bruto (PIB). En la práctica, he comprobado que la asignación clara de recursos es lo que ultimately da vida a las políticas. “En 2026 se plantean recursos equivalentes al 3% del PIB para programas sociales prioritarios”, explicó, detallando que “beneficiarán de manera directa a casi el 82% de las familias de nuestro país”.
Destacó, con acierto, la ampliación de la pensión para mujeres en situación de vulnerabilidad, que alcanzará una cobertura universal para todas las mujeres de 60 a 64 años. Esto se suma a la pensión para adultos mayores y al apoyo para personas con discapacidad permanente. Son decisiones que, desde la trinchera, se ven como un esfuerzo por tejer una red de protección más sólida e incluyente, un aprendizaje acumulado de administraciones previas sobre lo que realmente funciona para llegar a quienes más lo necesitan.
