El gobierno federal ha presentado una iniciativa dentro del Paquete Económico 2026 para gravar con una tasa del 8% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los videojuegos con contenido violento, extremo o exclusivo para adultos, aquellos clasificados como C y D y no aptos para menores de 18 años. Este impuesto se aplicará de manera uniforme tanto a las ventas de formatos físicos como a las transacciones digitales de acceso o descarga, abarcando a todas las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, incluso si no cuentan con un establecimiento permanente en México.
La medida, defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, se enmarca como una política preventiva con el objetivo principal de proteger a los menores de edad. La iniciativa subraya que su finalidad no es prohibir la adquisición de estos contenidos, sino actuar como un instrumento de carácter inhibitorio para desincentivar su consumo. El fundamento expuesto por Hacienda es incentivar una reflexión por parte del consumidor sobre la naturaleza del contenido que elige, promoviendo así un consumo más informado y consciente, y reduciendo el acceso de niños y adolescentes a títulos con clasificación para adultos. El impacto económico proyectado para este nuevo gravamen se estima en una recaudación de aproximadamente 183 millones de pesos durante su primer año de implementación en 2026.
Esta proyección se sustenta en la solidez del mercado mexicano de videojuegos, el cual, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, superó los 2,300 millones de dólares en 2024. México cuenta con más de 76 millones de jugadores activos, lo que lo posiciona como el décimo mercado a nivel global y el primero en América Latina. La justificación técnica de la medida se apoya en datos de consumo.
Un estudio de The Competitive Intelligence Unit, citado en la propuesta, identifica que los géneros más populares en el país son acción/aventura, estrategias y disparos. La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024 detalla que el 26% de los gamers consume juegos de disparos y un 25% juegos de peleas. Estas cifras son significativas incluso entre el público infantil: un 17% de niños juega títulos de disparos y un 26% de peleas.
El documento argumenta que, pese a las clasificaciones, los videojuegos C y D son consumidos con frecuencia por menores, quienes los obtienen a través de medios digitales que muchas veces eluden el control parental. En el ámbito jurídico, la iniciativa plantea modificaciones sustanciales a la Ley del IEPS. Se propone una adecuación al artículo 2 para incluir expresamente a los “videojuegos de contenido violento, extremo o para adulto” como un bien gravable con la tasa del 8%. Adicionalmente, se introduce un nuevo artículo, el 5-A BIS, que obliga a las plataformas digitales de intermediación a retener y enterar el impuesto correspondiente.
Para asegurar el cumplimiento por parte de proveedores extranjeros, se agrega el artículo 20-A, que impone la obligación de registrarse ante el SAT, designar un representante legal en México y reportar información fiscal relevante sobre sus usuarios, equiparando así sus responsabilidades con las de las empresas nacionales.
