PÉNJAMO, Guanajuato. — Un operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) destinado a desmantelar un presunto centro de operaciones delictivas terminó con el más sombrío de los hallazgos: los cuerpos sin vida de dos adolescentes, de 14 y 17 años, quienes figuraban en la plataforma de Alerta Amber como desaparecidos. El inmueble, ubicado en la comunidad Santa Lucía, en la conflictiva frontera entre Guanajuato y Michoacán, era mucho más que una simple propiedad; las autoridades lo describen como un arsenal operativo de un grupo de origen jalisciense.
¿Qué hacían exactamente los menores en ese lugar? ¿Fueron víctimas de una ejecución o quedaron atrapados en el fuego cruzado de un enfrentamiento que aún no se ha revelado? Las versiones oficiales son escuetas. La Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) confirmó que los jóvenes presentaban heridas graves y que, pese a recibir atención médica inmediata, sucumbieron a sus lesiones. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha omitido detallar las causas exactas de su fallecimiento, un silencio que alimenta la especulación y exige una rendición de cuentas.
La intervención, iniciada el pasado 23 de agosto, desnuda la peligrosa infraestructura del crimen organizado en la zona. El inventario del decomiso es elocuente: dos armas largas, una pistola calibre .22, más de 570 cartuchos útiles de diversos calibres, 40 cargadores, equipo táctico compuesto por chalecos, cascos y botas, un vehículo, hachas e incluso una motosierra. Herramientas no solo para el conflicto, sino para actividades siniestras que la autoridad no se atreve a nombrar.
La narrativa oficial insiste en que la participación ciudadana es vital y promueve el uso del número de denuncia anónima 089. Pero, ¿una denuncia pudo haber prevenido esta tragedia? La SSyP expresa su “solidaridad” y un “compromiso firme de transparencia”, pero la realidad sobre el terreno parece más compleja. Operativos conjuntos con autoridades estatales y federales continúan en la zona, prometiendo más resultados “en la medida que los tiempos jurídicos lo permitan”.
La verdadera investigación, no obstante, parece empezar ahora. La conexión entre el hallazgo de los adolescentes y el arsenal decomisado plantea un rompecabezas de violencia y impunidad. Este caso no se cierra con un comunicado; se abre como una herida que evidencia cómo niñas, niños y jóvenes son las víctimas más vulnerables en el laberinto del crimen organizado, un negocio que opera desde las sombras de las propiedades más insospechadas. La demanda de justicia es clamorosa, y el camino para obtenerla, está plagado de interrogantes.
