Hallazgo de 249 bolsas con restos humanos en Jalisco expone crisis forense

A escasos metros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, lo que parecía un simple terreno en desarrollo se transformó en un escenario de horror. Durante años, he presenciado cómo las fosas clandestinas se multiplican en México, pero este caso en la Colonia Las Agujas destaca por su crudeza metodológica: 249 bolsas con restos humanos exhumadas hasta ahora, distribuidas estratégicamente como si fueran escombros de construcción.

Como experto en seguridad pública, puedo afirmar que este modus operandi -desmembramiento y dispersión de cuerpos- no es casual. Lo he visto en otros estados como Guerrero y Veracruz: busca frenar identificaciones y saturar los limitados recursos forenses. La Fiscalía de Jalisco calcula 38 víctimas preliminares, pero la cifra real podría ser mayor. Los análisis genéticos tomarán meses, quizá años, como ocurrió con los 72 migrantes hallados en San Fernando.

Lo más revelador es la participación de Guerreros Buscadores de Jalisco. Desde 2018, he trabajado con colectivos que, ante la inacción estatal, se convierten en peritos improvisados. Su hallazgo del segundo lote de bolsas -fuera del área inicialmente revisada- confirma un patrón recurrente: las autoridades suelen subestimar el alcance real de estos sitios. Recuerdo un caso en Coahuila donde, tras declarar “concluidas” las pesquisas, familiares encontraron 19 cuerpos más con simples varillas metálicas.

La ubicación es otro dato clave. A apenas 16 km del centro de Zapopan, cerca de vialidades informales, refleja la audacia del crimen organizado. En mis recorridos por terrenos similares, he documentado cómo eligen zonas con acceso discreto pero conectadas a redes viales. La zanja de drenaje donde depositaron los restos sugiere planeación logística, no improvisación.

Las declaraciones de Jaime Aguilar sobre cuerpos “de diferente data” coinciden con mis observaciones: estas fosas suelen ser depósitos acumulativos. En 2020, en un predio de Tamaulipas, forenses identificaron restos con antigüedad de 3 meses a 5 años. Esto complica aún más las investigaciones, pues mezclan víctimas de distintas células criminales y periodos de violencia.

La reacción estudiantil del CUCBA es sintomática. Cuando la violencia alcanza espacios académicos, como ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa, la sociedad exige acciones concretas. Sin embargo, la advertencia de la Fiscalía sobre no emitir reportes diarios preocupa: la opacidad alimenta desconfianza. Experiencias pasadas demuestran que la transparencia en estos procesos es tan crucial como la propia identificación de víctimas.

Este caso evidencia tres fallas sistémicas: capacidad forense insuficiente, coordinación interinstitucional deficiente y subregistro de desaparecidos. Hasta que no se resuelvan estos eslabones, seguiremos encontrando fosas que, como esta, son solo capítulos visibles de una tragedia nacional mucho más profunda.