En la tarde del lunes 10 de noviembre de 2025, un ataque armado en la avenida Prolongación Vicente Guerrero, esquina Periférico, en el municipio de Juchitán de Zaragoza (región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca) cobró la vida de tres personas: la madre de Noelia —identificada como Adelina L. P., de 21 años—, otra mujer y un joven. Horas más tarde, la niña acompañaba a su madre salió de su domicilio y fue reportada como desaparecida.
Un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la policía estatal desplegó unidades caninas, drones y labores de inteligencia en búsqueda de la menor y esclarecimiento de los hechos.
La Fiscalía informó que el cuerpo de Noelia fue localizado sin vida al interior de un domicilio de la colonia La Planta, en Juchitán. Los familiares confirmaron su identidad tras participar en el protocolo de reconocimiento acompañado por autoridades y recibir atención psicoemocional.
Como resultado de las primeras indagatorias, las autoridades detuvieron a tres mujeres identificadas con las iniciales R.E.B.N. (originaria del Estado de México), y M.G.S.P. y R.I.P.G. (ambas procedentes de Chiapas). Se investiga su grado de participación en la desaparición y homicidio de la menor, así como en el ataque armado que tuvo como víctimas también a sus acompañantes.
Las primeras hipótesis de la Fiscalía apuntan a un posible vínculo con una célula delictiva que opera en la región del Istmo.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, manifestó a través de sus redes sociales su “profundo dolor” por el crimen de la menor y aseguró que “ella era una víctima inocente; su pérdida nos duele profundamente y refuerza nuestro compromiso de que este crimen no quede impune”.
En tanto, familiares de Noelia, entre ellos su tía Ivanna Castillejos, exigieron justicia y que “su muerte no quede impune”, al tiempo que expresaron su dolor e impotencia ante lo sucedido.
El caso se suma a una preocupante estadística: en el país, los homicidios de niñas, niños y adolescentes siguen siendo altos, lo que ha llevado a organizaciones de la sociedad civil a exigir mayor eficacia en la protección y procuración de justicia.
Las autoridades locales han señalado que los procesos continúan bajo investigación con perspectiva de género e infancia, y que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer responsabilidades y garantizar que el caso no quede en la impunidad.
