La aplicación de un impuesto específico del 8% a los videojuegos catalogados como violentos, una medida contemplada en la nueva Ley de Ingresos, generaría incrementos de hasta un 24% en el precio final al consumidor, según advierten analistas del sector.
David Santiváñez, CEO de GameMetron Law Firm, y Miguel Ángel Villanueva, socio especialista en tributación y compliance de la firma, argumentan que esta carga fiscal afectaría desproporcionadamente a la comunidad gamer, compuesta mayoritariamente por adultos jóvenes y profesionales económicamente activos.
Este colectivo ya enfrenta barreras económicas para acceder a contenidos digitales premium, y la imposición de un nuevo gravamen no haría más que profundizar esta brecha, limitando el acceso a experiencias de ocio digital y al ecosistema cultural tecnológico.
Datos de la consultora global Newzoo confirman esta demografía: entre el 80% y el 89% de los consumidores de videojuegos en México tienen entre 18 y 68 años, desmontando el argumento de que se trata de un producto principalmente para menores.
“Resulta anacrónico justificar un tributo con el pretexto de proteger a la juventud, cuando el usuario predominante es un adulto con capacidad de decisión, reviviendo narrativas de los noventa que carecen de sustento en la actualidad”, declaró Santiváñez.
Villanueva añadió que, si bien el precio base varía según la franquicia y la edición, la justificación de la medida se basa en estereotipos obsoletos. “La propuesta se sustenta en discursos políticos y sociales superados que estigmatizan el gaming y lo asocian con conductas disruptivas, ignorando su valor como industria cultural y de entretenimiento”, criticó.
Explicó que, en la práctica, el impuesto propuesto representa un 8% adicional sobre el valor base del producto, al que después se le suma el IVA vigente. Esto significa que un título con un precio de lista de 100 pesos pasaría a costar 124 pesos en el punto de venta, una subida significativa para el bolsillo del consumidor.
Al ser cuestionado sobre este análisis, Sergio Fuentes Rodríguez, responsable del Sector de Industrias Creativas de la Secretaría de Economía, negó que el gravamen pueda tener un impacto tangible en los hábitos de consumo de videojuegos dentro del país.
