¿Realmente busca el gobierno mejorar la salud de los mexicanos o solo se trata de una medida recaudatoria disfrazada? Especialistas en salud pública y líderes de la sociedad civil han levantado la voz, señalando que la propuesta del Ejecutivo para aumentar los gravámenes a bebidas azucaradas y tabaco es, en el mejor de los casos, insuficiente. Nuestra investigación revela una brecha preocupante entre las recomendaciones internacionales y la política fiscal presentada.
Durante el Foro sobre Impuestos Saludables, celebrado en la Cámara de Diputados, las cifras expuestas fueron contundentes. Erik Ochoa, director de la organización Salud Justa, aunque avaló el incremento, desnudó su limitado alcance. Mientras el proyecto oficial plantea que cada cigarro cueste 1.15 pesos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es clara: el impuesto debe representar el 75% del precio final. “Nuestra propuesta es aumentar los tributos a tres pesos por unidad”, declaró Ochoa, un testimonio que sugiere una oportunidad desaprovechada para salvar vidas y generar mayores ingresos.
Pero, ¿qué hay detrás de esta discrepancia? Al indagar más allá de las declaraciones, surge un patrón. Paulina Magaña, representante de El Poder del Consumidor, aportó otro dato crucial: para las bebidas con alto contenido de azúcar, la OMS sugiere un incremento del 20%, lo que se traduciría en 7 pesos extra por litro. La propuesta actual, según nuestros hallazgos, recaudaría un 210% menos de lo posible. Esto nos lleva a cuestionar: ¿se está priorizando la salud o la viabilidad política de la reforma?
La narrativa oficial de que estos impuestos reducen la prevalencia de enfermedades crónicas como padecimientos cardiovasculares, cáncer y obesidad también fue puesta en tela de juicio. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, cuestionó con escepticismo la efectividad de una década de esta política fiscal. “No ha quedado claro en qué forma ayuda”, afirmó, un testimonio que revela una falta de transparencia en los resultados prometidos.
La investigación descubre una capa más profunda del problema: la crítica ausencia de una estrategia integral. Los expertos consultados coincidieron en señalar la falta de una política robusta de educación física en las escuelas, evidenciando que la carga de la solución recae casi exclusivamente en el aumento de precios. Al conectar estos puntos inconexos—impuestos bajos, resultados opacos y falta de educación—la conclusión es inevitable: la propuesta actual es un parche que no aborda la raíz de la crisis de salud pública. La verdadera pregunta que queda sobre la mesa es si existe la voluntad política de implementar las medidas que realmente marcarían una diferencia.
