Un Sistema Corroído: Cuando los Guardianes del Orden se Convierten en Arquitectos del Caos
La noticia de un Vicealmirante señalado por facilitar la descarga ilegal de 20 buques-tanque sin enfrentar una orden de captura no es una simple anomalía; es el síntoma de un paradigma institucional fracturado. Mientras un subalterno ya está vinculado a proceso, la impunidad en la cúspide cuestiona toda la arquitectura de la justicia.
Este es el segundo mando de la Marina en ser embroillado en este ilícito, siguiendo la estela del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido a principios de septiembre. Este patrón no sugiere unas pocas manzanas podridas, sino un ecosistema que permite que el contrabando de hidrocarburos florezca con complicidad desde altas esferas.
El caso del Vicealmirante Salvador Camargo Vivero es un manual de operaciones para la delincuencia organizada. Durante su gestión al frente de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Tampico, presuntamente permitió que una flotilla de buques descargara su mercancía ilícita en una zona de alto control. La estrategia era audaz: hacer pasar millones de litros de diésel importado como aditivos para aceites, burlando así los controles fiscales y aduaneros.
La figura del Gerente de Administración y Finanzas, Francisco Javier Antonio Martínez</strong—ya procesado—, actúa como el cortafuegos perfecto, aislando al alto mando de las consecuencias legales. Este modelo de operación, donde los subalternos asumen la culpa, es un clásico de la corrupción sistémica.
El testimonio del Jefe de Departamento de Supervisión, identificado como HRV, pinta un cuadro de complicidad meticulosa. La empresa Altamarítima S.A. de C.V., bajo el mando de Luis Omar Chong López</strong, actuó como el conducto exclusivo para este fraude a gran escala, presentando manifiestos de carga falsificados que facilitaron el ingreso de 31 buques en un año.
La lista de embarcaciones—Clearocean Mustang, Owl 4, Challenge Procyon, y otras—no es un simple listado; es la evidencia de una empresa criminal sofisticada que operó con una impunidad pasmosa. El recinto fiscal 290 en Tampico se convirtió, no en un bastión de seguridad nacional, sino en el epicentro de un saqueo fiscal metódico y desvergonzado.
Este caso trasciende el simple escándalo. Es una llamada de atención urgente para una reingeniería total de la seguridad portuaria. La connivencia entre funcionarios públicos y grupos delictivos exige soluciones disruptivas: la implementación de tecnología blockchain para los manifiestos de carga, la inteligencia artificial para cruzar datos en tiempo real, y la rotación obligatoria de mandos en puestos críticos. La pregunta no es si hay más implicados, sino qué tan profunda es la red que convierte nuestras instituciones en cómplices del crimen.
