Incendio en centro de rehabilitación expone fallas en protección a grupos vulnerables

¿Qué clase de sociedad encierra a quienes buscan ayuda? La madrugada del 1 de junio de 2025, doce almas perdieron la vida en el centro de rehabilitación “Volver a Vivir 24 Horas” en San José Iturbide, Guanajuato, no por las llamas, sino por un sistema que falló en proteger a los más frágiles. Cuatro sobrevivientes con graves lesiones son el testimonio vivo de una tragedia evitable.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo confirmó el siniestro, pero las palabras palidecen ante lo obvio: estos espacios, supuestos refugios, se han convertido en cárceles improvisadas donde la negligencia campa a sus anchas. Testigos reportaron el fuego desde la carretera, mientras quienes debían estar bajo cuidado profesional quedaban atrapados sin escapatoria.

Bomberos y rescatistas llegaron para encontrar lo irreparable. Doce cuerpos carbonizados, varios de jóvenes, hablan de un fallo sistémico. La Cruz Roja trasladó a los heridos, pero la verdadera herida es social: ¿por qué seguimos tratando la adicción como un delito en lugar de una condición médica?

La Fiscalía recolecta evidencias mientras el municipio ofrece ayuda funeraria, pero esto no es suficiente. El comunicado oficial menciona “solidaridad”, pero ¿dónde estaba la prevención? La gobernadora afirma seguir las investigaciones, pero la pregunta incómoda persiste: ¿cuántos centros operan sin supervisión real, convirtiendo la rehabilitación en una ruleta rusa?

Más allá de las causas técnicas del incendio (aún desconocidas), arde una verdad incómoda: hemos normalizado que los marginados mueran marginados. Innovar en políticas públicas no significa más cámaras de vigilancia, sino repensar radicalmente estos espacios como entornos terapéuticos abiertos, no como depósitos humanos. Holanda transformó sus centros en comunidades de reintegración; ¿cuándo aprenderemos?

Esta tragedia no es un accidente. Es el síntoma de un modelo roto que clama por una disrupción compasiva. Las víctimas merecen más que condolencias: exigen un cambio de paradigma donde la rehabilitación signifique dignidad, no reclusión.