Informe revela fallas sistémicas en búsqueda de desaparecidos

Un documento contundente, el “Informe Temático sobre la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la Ciudad de México”, presentado por la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHCM), desnuda una realidad incómoda y persistente. ¿Qué sucede realmente cuando una persona se esfuma en la urbe? La respuesta, construida a partir del escrutinio de 35 expedientes entre 2017 y 2024, pinta un cuadro de descoordinación y negligencia institucional.

Nashieli Ramírez Hernández, titular del organismo autónomo, no usa eufemismos: lo encontrado son patrones de fallas del Estado. “Estamos hablando no de un escenario de lo que sucede en la problemática en general sino de patrones y hallazgo derivados de fallas en el Estado“, declaró. Una investigación que no inicia con la pieza fundamental: en el 60% de los casos, las autoridades omitieron la aplicación de la entrevista inicial, el primer y crucial paso para trazar la ruta de búsqueda.

Los hallazgos se leen como un manual de lo que no se debe hacer. El 44% de las desapariciones analizadas ni siquiera fueron inscritas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el instrumento oficial básico. Peor aún, en 8 de cada 10 casos, este registro se realizó de manera parcial y deficiente. Solo en un ínfimo 15% se completó correctamente. La búsqueda inmediata, ese protocolo urgente que salva vidas, solo se aplicó de forma correcta en el 27% de los hechos.

Pero la investigación de la CDHCM va más allá de las estadísticas. ¿Cómo se integran las pesquisas? La respuesta es alarmante: el 97% de las investigaciones ministeriales carecieron por completo de un plan de indagatoria. “Estamos ante una falla que, de origen, está marcando el destino de las investigaciones“, sentenció Ramírez Hernández. Sin un rumbo claro desde el inicio, las pesquisas están condenadas al fracaso.

El informe también expone el desdén hacia los principales actores: las familias. Únicamente en el 26% de los casos, la valiosa información proporcionada por los familiares fue considerada por las autoridades. El testimonio de los querientes, a menudo la pista más valiosa, es sistemáticamente ignorado. La comunicación institucional fue otro eslabón roto: en el 70% de los expedientes, simplemente no existió. El diálogo solo surgió cuando las familias, desesperadas, interpusieron una queja formal ante la propia CDHCM.

Quizás el dato más crudo sea la evidencia de una parálisis absoluta. En 12 casos, las autoridades estuvieron inactivas durante lapsos que oscilaron entre dos meses y más de tres años. Su única acción: imprimir y entregar cédulas de búsqueda. Años en los que el rastro se enfriaba y la esperanza se diluía, mientras el Estado permanecía en un letargo inadmisible.

Frente a este panorama, la presidenta de la Comisión insiste en que el gran desafío se resume en una palabra: ‘coordinación‘. Una coordinación que hoy brilla por su ausencia. Este informe no es solo un diagnóstico; es una evidencia documental de un sistema que, en múltiples niveles, ha fallado a quienes más lo necesitan. La pregunta que queda flotando es ¿cuántas vidas más se perderán en este laberinto de omisiones?