Una nueva iniciativa legislativa presentada en el Congreso Federal ha encendido las alarmas entre comunidades religiosas y expertos en libertades civiles. La propuesta, impulsada por el diputado Arturo Ávila de Morena, plantea una reforma al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que establecería un mecanismo de supervisión estatal sobre los contenidos que ministros de culto y asociaciones religiosas difunden a través de plataformas digitales.
El núcleo de la iniciativa obligaría a estos actores a registrarse ante la Agencia Digital y la Secretaría de Gobernación, informando sobre los contenidos que se difundan en redes sociales, plataformas de multimedia y cualquier otro servicio en línea. El argumento oficial es garantizar la neutralidad de la red y combatir la propagación de lo que se define como “discurso de odio”. Sin embargo, la redacción de la propuesta faculta a estas dependencias para “regularizar” los medios digitales utilizados por las iglesias, un término que genera ambigüedad sobre el alcance real de las facultades regulatorias.
Felipe Monroy, especialista en temas religiosos, explica que la actualización pretende ampliar los controles restrictivos sobre ministros de culto y asociaciones religiosas en el espacio digital. En la práctica, esto podría traducirse en que el gobierno tenga la capacidad de decidir qué pueden publicar los líderes religiosos o, incluso, ejercer censura previa sobre sus mensajes antes de que sean divulgados al público. La preocupación trasciende los círculos eclesiásticos y alcanza a la sociedad civil. José de Jesús Aguilar, Subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México, señala que cualquier gobierno genuinamente democrático debería preocuparse por defender la libertad de expresión, pues es a través de ella que se conoce el pensamiento y sentir de los ciudadanos. Una iniciativa que busque silenciar estas voces representaría, en su opinión, un atentado muy delicado contra este derecho fundamental.
El debate ha puesto sobre la mesa el principio de separación entre Iglesia y Estado, un pilar del Estado laico mexicano. Aguilar fue contundente al afirmar que, si bien esta separación es fundamental, ni la Iglesia puede callar al Estado, ni el Estado puede callar a la Iglesia. Esta postura refleja la preocupación de que la iniciativa pueda cruzar una línea delicada en la relación entre ambas esferas. En el ámbito digital, la reacción ha sido inmediata. Feligreses, comunidades evangélicas y organizaciones de la sociedad civil han manifestado su indignación, acusando al gobierno de intentar controlar no solo la expresión, sino también la libertad de conciencia.
La discusión sobre los límites de la regulación estatal en el discurso religioso online ha revelado una tensión fundamental entre la necesidad de prevenir discursos genuinamente dañinos y el riesgo de establecer mecanismos de censura encubierta. La reflexión final de Aguilar resume el sentir de muchos: callar a una persona nunca es válido, ya sea mediante censura, encierro o cualquier otra forma. A lo largo de la historia, han existido múltiples métodos para silenciar a la gente, y ninguno de ellos puede considerarse correcto en un estado democrático de derecho. Mientras la discusión legislativa apenas comienza, la reacción ciudadana y religiosa parece ser unánime en su preocupación.
La percepción generalizada es que esta reforma, lejos de proteger la libertad digital, la amenaza al establecer un precedente peligroso de intervención estatal en el discurso religioso y, por extensión, en el espacio de expresión pública en internet. El verdadero desafío parece residir en encontrar un equilibrio que permita combatir el discurso de odio genuino sin sacrificar las libertades fundamentales que caracterizan a una sociedad abierta.
