Una investigación profunda revela los mecanismos detrás de una iniciativa legislativa que pretende reescribir las reglas de la democracia en México. La senadora Carolina Viggiano Austria ha presentado una propuesta para reformar el artículo 41 de la Carta Magna, una jugada que, de aprobarse, establecería la violencia política por razones de género como causal directa para anular comicios federales y locales. Pero, ¿qué impulsa esta iniciativa y qué revela sobre la situación actual de las mujeres en la esfera pública?
La propuesta: Un cambio constitucional para blindar derechos
Al analizar los documentos de la propuesta, se descubre que la senadora del Partido Revolucionario Institucional busca incorporar un inciso d) a la fracción VI del artículo 41 constitucional. Este cambio transformaría la agresión política contra las mujeres en una infracción grave, dolosa y determinante para declarar la invalidez de una elección. En declaraciones exclusivas, Viggiano Austria afirmó: “Garantizar comicios libres de acoso es una obligación del Estado. La democracia no puede edificarse sobre el temor ni la agresión hacia las mujeres. Esta reforma pretende fortalecer la justicia electoral y consolidar un sistema político igualitario y libre de violencia”. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿será suficiente una modificación legal para erradicar un problema tan arraigado?
El contexto: Una paridad ensombrecida por la agresión sistemática
Al profundizar en el contexto, una aparente contradicción emerge. A pesar de los avances en paridad de género, como la ocupación del 50.2% de las curules en la Cámara Baja por mujeres y que 13 de las 32 entidades federativas cuentan con gobernadoras, los testimonios y datos oficiales pintan un panorama distinto. Persisten conductas de exclusión, hostigamiento y violencia estructural diseñadas para frenar la participación femenina. La legisladora destacó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), 560 personas han recibido sanciones por cometer este tipo de actos. Esta cifra, no obstante, parece ser solo la punta del iceberg, lo que plantea un interrogante crucial: ¿la magnitud real del problema requiere de medidas más contundentes para eliminar la impunidad que lo rodea?
El precedente: El caso de Iliatenco y la rendición de cuentas
La investigación conduce a un caso emblemático que sirve como piedra angular para esta iniciativa: el municipio de Iliatenco, en Guerrero. En 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló una elección municipal por violencia política de género contra una candidata indígena. Este precedente judicial, a menudo pasado por alto en el discurso público, demuestra no solo la urgencia de incorporar este principio en la Constitución Política, sino que también revela una ruta viable para la justicia. Concluye así un relato que conecta una iniciativa legislativa con una realidad de agresiones, uniendo puntos que, al final, exponen una verdad ineludible: la batalla por la igualdad en la política mexicana se libra también en el campo de la justicia electoral, y esta reforma podría ser un parteaguas decisivo.
