Jalisco aprueba la creación de una Fiscalía Especializada contra la tortura

Tras años de presión judicial y debates legislativos, Jalisco dio un paso crucial en la protección de los derechos humanos al aprobar la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación de Tortura. Como alguien que ha seguido de cerca los desafíos en materia de justicia en México, puedo afirmar que esta decisión no solo cumple con un mandato legal, sino que responde a una deuda histórica con las víctimas. Recuerdo casos emblemáticos donde la falta de instancias especializadas permitió que crímenes atroces quedaran impunes. La SCJN, tras un ultimátum en marzo, logró acelerar lo que muchos activistas llevaban años exigiendo.

La reforma, que entrará en vigor en 2026, obliga al Congreso local a adaptar leyes secundarias en 180 días, mientras el Ejecutivo deberá garantizar recursos. En mi experiencia, el verdadero reto no es la creación de la Fiscalía, sino su operatividad: sin presupuesto y capacitación, será letra muerta. Como señaló Claudia Murguía del PAN, “no basta con el papel”. Este es un primer paso, pero el camino para erradicar la tortura —íntimamente ligada a otros delitos como la delincuencia organizada— requerirá voluntad política y transparencia. La lección es clara: las leyes avanzan, pero su impacto depende de su ejecución.