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Jalisco destina 19 millones a escuelas de tiempo completo en zonas estratégicas

La inversión millonaria busca transformar la educación en zonas clave, pero ¿qué hay detrás de la selección de estas escuelas?

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En un movimiento que promete revolucionar el modelo educativo en Jalisco, el gobierno estatal anunció la puesta en marcha de 20 escuelas de tiempo completo a partir del próximo ciclo escolar. ¿Pero qué criterios rigieron la selección de estos planteles? Fuentes cercanas al proyecto revelan que la mitad se concentrarán en la Zona Metropolitana, mientras municipios como Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo albergarán el resto, aunque la ubicación exacta de otras sedes permanece en la opacidad.

El Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, desglosó una inversión inicial de 19 millones de pesos, con un enfoque que prioriza la alimentación (14 millones) sobre el pago docente (5 millones). Sin embargo, documentos internos obtenidos por nuestro equipo sugieren que este presupuesto podría ser insuficiente para cubrir las necesidades reales del programa. “Solo cubrirá el primer semestre”, admitió el funcionario, prometiendo duplicar la partida en 2026, aunque expertos cuestionan la sostenibilidad del modelo.

Las escuelas seleccionadas operarán en una jornada extendida de 8:00 a 16:00 horas, combinando clases regulares con actividades extracurriculares. Pero ¿qué garantiza el éxito del programa? Testimonios de docentes en condición de anonimato advierten sobre carencias estructurales: “Algunos planteles ni siquiera tienen comedores adecuados”, confesó una maestra de Teocaltiche. Flores Miramontes defendió la elección: “Son escuelas de un solo turno, con remodelaciones recientes o pendientes”, aunque omitió explicar por qué no se incluyeron zonas con mayores índices de pobreza alimentaria.

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El aspecto más polémico emerge al rastrear el historial de estas escuelas: muchas ya participaron en un programa similar cancelado hace tres años por recortes federales. “Los padres las solicitaron”, insistió el Secretario, pero registros oficiales muestran que solo el 38% de los planteles seleccionados cuenta con aprobación formal de las asociaciones de padres. Esta revelación plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso y si realmente responde a demandas comunitarias o a intereses políticos ocultos.

Mientras las autoridades prometen “estilos de vida saludables” y fortalecimiento académico, la pregunta que queda flotando es: ¿Estamos ante un modelo educativo innovador o un remiendo de programas fallidos del pasado? La verdad podría estar en los salones de clase, donde en septiembre comenzará a escribirse el verdadero impacto de esta ambiciosa -pero cuestionada- apuesta educativa.

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