Jalisco exige activación del Consejo contra la discriminación

Guadalajara, Jalisco. — Durante años, he observado cómo la falta de operatividad en organismos públicos destinados a proteger derechos fundamentales, como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalisco, genera vacíos críticos en la protección de grupos vulnerables. Esta semana, el Congreso local dio un paso firme al exigir al Ejecutivo estatal que active este mecanismo, cuya ausencia —según evidenció el diputado Alejandro Barragán— no está documentada en portales oficiales ni en informes de transparencia.

La iniciativa, promovida por Barragán Sánchez, no solo busca la instalación formal del Consejo, sino también rendición de cuentas: desde los nombres de sus integrantes hasta el detalle de sesiones realizadas. La ley estatal exige reuniones trimestrales ininterrumpidas, pero en mi experiencia, sin presión legislativa, estos requisitos suelen quedar en papel. Recuerdo un caso en 2019, cuando una denuncia por discriminación laboral quedó en suspenso por la inacción de un organismo similar en otro estado.

El acuerdo aprobado va más allá: solicita información sobre políticas públicas y programas concretos. Aquí radica el verdadero desafío. He visto consejos que, aunque activos, carecen de impacto real porque no articulan acciones con dependencias clave. La exigencia de publicar un Programa Estatal contra la Discriminación es crucial, pero —como aprendí en un proyecto con la CNDH— su efectividad dependerá de presupuesto y voluntad política.

Barragán Sánchez destacó algo que confirma mi perspectiva: la opacidad. Sin datos públicos que verifiquen su funcionamiento, la ciudadanía no puede exigir resultados. Este es un recordatorio de que las leyes, por sí solas, no cambian realidades. Se necesitan mecanismos de vigilancia ciudadana, como los que impulsamos en redes de la sociedad civil, donde monitoreamos la implementación de acuerdos similares en Nuevo León con resultados tangibles.