El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría recuperar su libertad la próxima semana después de casi nueve años de reclusión en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. La jueza de ejecución de sanciones Angela Zamorano Herrera, con sede en el Reclusorio Norte, ha programado para el 12 de noviembre una audiencia crucial donde resolverá la solicitud de preliberación presentada por la defensa del exmandatario en diciembre de 2024.
Duarte fue sentenciado el 26 de septiembre de 2018 a nueve años de prisión tras declararse culpable por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Según documentos judiciales consultados, sus abogados argumentan que su cliente ya cumplió con aproximadamente el 95 por ciento de su condena y que las autoridades penitenciarias han certificado su buena conducta durante el tiempo que lleva recluido.
La defensa también sostiene que Duarte no tiene procesos penales pendientes a nivel federal o local, después de que los tres casos que enfrentaba en Veracruz fueran sobreseídos y anulados, incluido el especialmente sensible de desaparición forzada que le imputaba la Fiscalía General del Estado. En caso de que la jueza Zamorano deniegue la solicitud de libertad anticipada, la salida de Duarte del sistema penitenciario estaría programada para abril de 2026, cuando complete el cien por ciento de su sentencia.
La decisión judicial se produce en un contexto de particular sensibilidad, considerando el historial del caso y la atención pública que ha generado. Precisamente en noviembre de 2024, Duarte obtuvo el sobreseimiento del proceso penal en su contra por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, un caso por el que colectivos de familias de desaparecidos habían exigido durante años su castigo.
La resolución judicial generó reacciones encontradas entre organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes consideraron el fallo como un revés en su búsqueda de justicia. La trayectoria legal de Javier Duarte se remonta a su detención el 15 de abril de 2017 en el poblado de Panajachel, Guatemala, seguida de su extradición a México dos meses después, el 17 de julio del mismo año. En noviembre de 2022, un juez de control en Pacho Viejo le dictó prisión preventiva justificada por el delito de desaparición forzada, vinculado específicamente al caso del policía David Lara Cruz.
Este último fue visto por última vez en enero de 2016, después de acudir a una evaluación de Control de Confianza en la academia de policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Testigos declararon que el agente fue detenido por sus propios compañeros y posteriormente desapareció. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida en la Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, un sitio donde las investigaciones posteriores revelaron la existencia de restos humanos correspondientes a más de una veintena de personas, entre los que se identificaron los de Lara Cruz.
La Fiscalía de Veracruz mantuvo durante la investigación que funcionarios de la administración de Duarte ocultaron deliberadamente la existencia de más cuerpos en el lugar. Inicialmente se reportó el hallazgo de 22 cadáveres, cifra que posteriormente se redujo a 19, y que finalmente se estableció en solo seis casos confirmados. Las pesquisas judiciales señalaron que los restos humanos fueron entregados a un grupo de élite denominado Los Fieles, presuntamente relacionado con desapariciones forzadas cometidas durante el mandato de Javier Duarte y bajo la dirección de entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
La posible liberación anticipada de Duarte representa un punto de inflexión en uno de los casos de corrupción y violaciones a derechos humanos más emblemáticos de la última década en México. Organizaciones civiles han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el exgobernador obtenga la libertad, argumentando que sentaría un precedente peligroso en la impartición de justicia para casos de alto impacto. Por otro lado, los partidarios de Duarte consideran que el cumplimiento de la mayor parte de su condena y los sobreseimientos judiciales recientes justifican la concesión de la preliberación.
La audiencia del 12 de noviembre determinará no solo el futuro inmediato del exgobernador, sino que también pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial mexicano para equilibrar el cumplimiento de los procedimientos legales con las demandas sociales de justicia, especialmente en casos que involucran graves violaciones a derechos humanos. La resolución de la jueza Zamorano será analizada minuciosamente por diversos sectores de la sociedad, desde organismos internacionales de derechos humanos hasta víctimas y sus familias, quienes esperan que la decisión refleje un equilibrio entre la aplicación estricta de la ley y el reconocimiento del impacto social de los delitos cometidos.
