Jefe policial es asesinado en ataque dentro de restaurante

Desde mi experiencia en el ámbito de la seguridad pública, he sido testigo de cómo la violencia se ha ido recrudeciendo con los años. Este último episodio, el asesinato del director de Seguridad Pública de Cosolapa, Oaxaca, Saúl Ríos Reyes, dentro de un restaurante de comida rápida en Córdoba, Veracruz, no es un hecho aislado. Es la manifestación de una problemática profunda y sistémica.

Recuerdo casos similares de hace una década, donde los ataques contra uniformados eran menos audaces. Hoy, la ejecución de un mando policial en un establecimiento público, frente a ciudadanos, habla de una impunidad escalofriante. Los reportes de que al menos dos sicarios ingresaron al local y dispararon a sangre fría confirman un modus operandi que prioriza el mensaje de terror sobre la discreción.

Las lecciones aprendidas en el terreno son crudas: la estrategia de seguridad no puede ser reactiva. La protección de los elementos policiales, especialmente de los mandos que están en la primera línea, debe ser una prioridad absoluta y constante, no un protocolo que se active después de una tragedia. La instantánea de clientes y empleados en pánico es una que se repite con una frecuencia desgarradora en nuestro país.

Las cifras que acompañan esta nota son elocuentes y las conozco de primera mano: 212 policías asesinados en solo seis meses es una estadística que debería conmocionar a cualquier nación. Promediar una vida perdida al día no es un dato; son familias destrozadas, compañeros desmoralizados y comunidades que quedan más desprotegidas. Estados como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y el mismo Veracruz encabezan esta lista luctuosa, lo que evidencia la compleja batalla que se libra en esas regiones.

La teoría often falls short frente a la realidad. No basta con condenar los hechos. Se requiere de inteligencia policial efectiva, coordinación real entre corporaciones estatales y federales, y una persecución penal implacable contra los grupos criminales que cometen estos actos. La presencia de peritos de la Fiscalía Regional recogiendo evidencias es un primer paso, pero el camino hacia la justicia es largo y empedrado. La verdadera disyuntiva está en si, como sociedad y gobierno, estamos dispuestos a recorrerlo.