Jilotepec retiene reactores de Pemex en protesta por obras e inseguridad

¿Qué lleva a una comunidad a retener equipos industriales valuados en millones de dólares durante cinco meses? La respuesta se esconde en las grietas de un conflicto que mezcla demandas sociales, negligencia gubernamental y los frágiles hilos de la seguridad energética nacional. Pobladores de Jilotepec, Estado de México, mantienen como rehenes dos mega-reactores de Pemex destinados a modernizar la refinería de Tula, un proyecto estratégico de 7 mil millones de pesos.

Documentos obtenidos por este medio revelan que los equipos –fabricados en India por Larsen & Toubro– llegaron a México hace 15 meses, pero yacen abandonados en la autopista México-Querétaro. Uno frente a una gasolinera en Encinillas; otro en un terreno baldío cerca de Calpulalpan, Tlaxcala. Cada estructura pesa más de 500 toneladas, equivalente a 300 automóviles compactos.

Fuentes internas de Pemex Transformación Industrial (PTI) confirman que los reactores de hidrotratamiento son clave para reducir el azufre en combustibles y aumentar la producción de gasolina. Sin ellos, la refinería de Tula opera al 64% de su capacidad –26 puntos menos que el promedio estadounidense– y genera 35% de combustóleo, un subproducto contaminante.

El alcalde priista Rodolfo Noguez Barajas lidera las exigencias: obras públicas, seguridad ante extorsiones y solución a conflictos de transporte. “Es un mecanismo de presión legítimo”, defiende un ejidatario anónimo. Sin embargo, reportes oficiales señalan que el bloqueo afecta procesos industriales críticos, pese a no estar vinculado directamente a los reclamos.

¿Por qué Pemex no ha recurrido a la fuerza pública para recuperar los equipos? Un ejecutivo de PTI Infraestructura, bajo condición de anonimato, admite: “Tememos escalar el conflicto. Cada día de retraso cuesta millones, pero un enfrentamiento podría radicalizar a la comunidad”. Mientras, los reactores acumulan polvo –y el gobierno federal guarda silencio– en una paradoja donde la protesta social estrangula la infraestructura nacional que debería beneficiar a todos.

Este medio confirmó que la Secretaría de Gobernación medió reuniones fallidas. Las actas, a las que tuvimos acceso, muestran promesas incumplidas de asignación presupuestal para Jilotepec. La pregunta persiste: ¿hasta cuándo permanecerán estos gigantes de acero como monumentos al desencuentro entre desarrollo energético y derechos comunitarios?