Joaquín Guzmán López, conocido con el apodo de El Güero e identificado como uno de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, tiene previsto declararse culpable de al menos un delito relacionado con el tráfico de sustancias ilícitas. Este significativo giro procesal está calendarizado para comparecer ante la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago, marcando un punto de inflexión en un caso que ha captado la atención internacional.
La audiencia, fijada para el próximo lunes 1 de diciembre a la 1:30 de la tarde, ha sido registrada en los documentos judiciales como una vista para el cambio de declaración. Guzmán López enfrenta un total de cinco acusaciones federales que incluyen cargos graves por narcotráfico, asociación delictuosa y posesión ilegal de armas de fuego. Es relevante destacar que, de acuerdo con fuentes jurídicas, la fiscalía no buscará la pena de muerte en este proceso, lo que configura el marco de las negociaciones entre la defensa y el ministerio público.
El camino hacia esta audiencia se inició con un operativo de captura tan inusual como estratégico, ocurrido el pasado 25 de julio de 2024. Lejos de ser una persecución o un enfrentamiento armado, la detención de Joaquín Guzmán López fue el resultado de una auto-entrega cuidadosamente pactada con las autoridades estadounidenses. Las investigaciones periodísticas y los documentos judiciales sugieren que Guzmán López llevaba un tiempo sosteniendo negociaciones confidenciales con las agencias federales de Estados Unidos. Su objetivo principal, al parecer, era alcanzar un acuerdo de culpabilidad que le otorgara beneficios penitenciarios, no solo para sí mismo, sino también para su hermano Ovidio Guzmán López, quien ya se encuentra recluido.
La moneda de cambio en estas negociaciones fue de una magnitud extraordinaria: la entrega física de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes históricos y más esquivos del Cártel de Sinaloa. La estratagema desplegada por Joaquín Guzmán López fue meticulosa. Según los relatos que han surgido del caso, convenció a Zambada de asistir a una reunión en una finca conocida como Huertos del Pedregal, ubicada en Culiacán, Sinaloa. El pretexto utilizado fue la necesidad de mediar en un conflicto político de carácter local, un señuelo lo suficientemente creíble para lograr que ‘El Mayo’ bajara la guardia.
Al llegar al lugar de la cita, la situación dio un vuelco radical. Los hombres de confianza de Joaquín Guzmán López ejecutaron una emboscada contra Ismael Zambada y su escolta. De acuerdo con la versión posteriormente difundida por los abogados defensores de Zambada, su cliente fue sometido mediante golpes, amordazado, atado de pies y manos, y se le colocó una capucha sobre la cabeza. Fue entonces cuando fue forcejeado para ser introducido en una camioneta que lo trasladó hasta un aeropuerto privado.
El episodio culminante de esta operación tuvo lugar en el aire. Joaquín Guzmán López abordó el mismo avión privado donde viajaba Ismael Zambada, quien permanecía sujeto a su asiento. La aeronave despegó de suelo mexicano y se dirigió sin escalas hacia el norte, cruzando la frontera y aterrizando en un aeródromo privado ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, una localidad cercana a la frontera con El Paso, Texas. Allí, un contingente de agentes federales estadounidenses aguardaba su llegada, perfectamente pertrechado para recibirlos.
Al descender de la aeronave, Joaquín Guzmán López se entregó de manera pacífica a las autoridades, siendo arrestado sin oponer resistencia alguna. En el mismo acto, Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue también detenido formalmente, aunque su situación legal se planteó desde un principio bajo una premisa distinta: la de haber sido trasladado a territorio estadounidense en contra de su voluntad, lo que podría influir en los cargos que finalmente se le imputen.
La decisión de Guzmán López de cambiar su declaración a culpable representa un movimiento calculado dentro del complejo tablero del narcotráfico y el sistema judicial estadounidense. Este tipo de acuerdos suelen conllevar una reducción sustancial de la condena a cambio de proporcionar información valiosa, cooperar con las investigaciones en curso o, como en este caso, facilitar la captura de otros objetivos de alto valor. El desarrollo de este caso no solo sella el destino judicial de un heredero del cartel, sino que también altera de manera profunda el panorama de la delincuencia organizada en la región, demostrando la eficacia de las estrategias de inteligencia y negociación sobre las meras operaciones de fuerza.
