La muerte de una adolescente de 14 años tras someterse a una cirugía estética en Durango ha puesto bajo la lupa los protocolos de consentimiento y la praxis médica. Los hechos, denunciados por el padre de la joven, Paloma, apuntan a una serie de irregularidades que han motivado una investigación por parte de las autoridades.
Según el relato de Carlos Arellano, padre de la menor, el procedimiento quirúrgico se habría realizado el pasado 12 de septiembre. La joven permaneció hospitalizada durante ocho días, hasta su fallecimiento el 20 de septiembre. El padre asegura que no autorizó la intervención, ya que la custodia de su hija es compartida, y que solo contaba con el consentimiento de la madre.
La situación se complica con la revelación de que el médico que presuntamente realizó la cirugía sería el padrastro de Paloma, quien mantiene una relación con la madre. Esta circunstancia añade un componente delicado al caso, cuestionando los conflictos de interés y la objetividad profesional en la indicación y ejecución de un procedimiento de esta naturaleza en una paciente menor de edad.
El deterioro del estado de salud de la joven fue rápido y severo. Tras la operación, fue internada y requirió intubación. Los reportes indican que recibía un tratamiento para la extracción de secreciones pulmonares, un proceso descrito como doloroso. Aunque se observaron mejorías transitorias que llevaron a retirar los tubos, esa misma noche su condición empeoró, presentando una acumulación crítica de flemas y, lo que sería más grave, un edema cerebral. Un electroencefalograma confirmó posteriormente la muerte cerebral.
Una de las controversias inmediatas surgió del certificado de defunción provisional, donde se habría consignado que la muerte fue por “enfermedad”. El padre y familiares, tras inspeccionar el cuerpo durante el funeral, afirmaron haber detectado evidencia física de los implantes, lo que contradice esa aseveración inicial y sustenta su denuncia de que el fallecimiento fue consecuencia directa del acto quirúrgico.
La Fiscalía General del Estado de Durango, a cargo de Sonia Yadira de la Garza, ha confirmado la apertura de una investigación. Las autoridades han señalado que en el cuerpo de la joven se detectó edema cerebral y una afección pulmonar. Sin embargo, para determinar la causa científica y definitiva de la muerte, se está a la espera de un dictamen patológico que se realiza en el Hospital 450 de Durango. Este procedimiento, esencial para el caso, puede tardar aproximadamente 20 días, ya que los tejidos requieren un tiempo de fijación para un análisis preciso. Solo entonces se emitirá un certificado definitivo.
En paralelo a la investigación médica, la fiscalía indaga la conducta de los involucrados. Por un lado, se investiga a la madre por una posible omisión de cuidados, al haber autorizado una cirugía electiva de alto riesgo para una menor bajo su custodia. Por otro lado, el médico responsable está siendo investigado por un posible homicidio culposo por mala praxis. Las autoridades han sido enfáticas en señalar que cualquier acción legal procederá una vez que se cuenten con todos los elementos probatorios.
Desde la perspectiva de la regulación sanitaria, las autoridades locales han proporcionado información sobre la clínica donde ocurrieron los hechos. Moisés Nájera, secretario de Salud en Durango, indicó que el establecimiento, aunque de reciente creación, contaba con los permisos necesarios para operar. Asimismo, afirmó que el cirujano plástico involucrado posee una certificación vigente.
Saúl Fernández Saracho, titular de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, añadió que su dependencia verifica que la infraestructura y el personal cumplan con los estándares legales. En este sentido, destacó que en la intervención participaron médicos de siete especialidades diferentes, así como personal de enfermería titulado y con cédula profesional, todos acreditados para manejar el procedimiento y sus potenciales complicaciones.
Este caso trasciende la tragedia individual y plantea interrogantes profundas sobre la ética médica, la responsabilidad parental y la eficacia de los marcos regulatorios en cirugías estéticas, especialmente cuando se trata de pacientes menores de edad. La necesidad de un consentimiento informado y explícito de ambos progenitores en situaciones de custodia compartida emerge como un punto crítico de falla que requiere una revisión urgente. El desenlace de la investigación judicial y sanitaria será crucial para establecer responsabilidades y, potencialmente, para impulsar cambios que prevengan tragedias similares en el futuro.
