Juez amplía investigación por agresión sexual a Claudia Sheinbaum y otras mujeres

En un desarrollo significativo dentro del proceso judicial, un juez de control concedió una prórroga en el caso de Uriel ‘N’, el individuo señalado por acosar y agredir sexualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras el vencimiento del plazo inicial de dos meses para la investigación complementaria, las autoridades judiciales determinaron postergar el cierre de esta etapa, fijando una nueva audiencia para el próximo lunes 13 de enero. Esta decisión responde a la necesidad de profundizar en las indagatorias por su presunta responsabilidad en delitos de abuso sexual, un proceso que no solo involucra a la mandataria federal, sino que se ha robustecido con los testimonios de otras mujeres agredidas en el corazón de la capital.

El imputado, de 33 años de edad, se encuentra actualmente recluido en el Reclusorio Norte bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Su detención se remonta a la noche del 4 de noviembre de 2025, tras una serie de incidentes reportados en las inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México. Según los informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la captura se derivó de un patrullaje preventivo en el que una joven de 25 años solicitó auxilio, denunciando que un sujeto le había realizado tocamientos sin su consentimiento. Tras implementar un dispositivo de búsqueda, los agentes lograron interceptar al individuo sobre el Paseo de la Condesa.

Las investigaciones posteriores revelaron que la conducta delictiva de Uriel ‘N’ no fue un hecho aislado esa jornada. Se le vincula directamente con la agresión sufrida por la presidenta Sheinbaum mientras ella caminaba desde Palacio Nacional hacia la sede de la Secretaría de Educación Pública. Grabaciones de seguridad y testimonios confirman que el agresor se aproximó por la espalda, la abrazó, la besó y realizó tocamientos inapropiados, vulnerando la integridad de la jefa del Estado Mexicano. Además, se tiene registro de una tercera víctima agredida ese mismo día en el cruce de las calles Bolívar y Tacuba, lo que configura un patrón de ataques en un corto lapso de tiempo y en una zona específica de la ciudad.

Por lo tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum no dudó en ratificar la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La mandataria enfatizó que su acción legal no solo responde a su cargo, sino a su condición de mujer, señalando que este tipo de agresiones son una realidad cotidiana para miles de mexicanas y que no pueden dejarse pasar por un tema de dignidad femenina. Su postura subraya la dimensión simbólica y social del caso, que trasciende el hecho individual para situarse en el contexto de la violencia de género estructural.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, manifestó su respaldo total bajo la consigna “si tocan a la presidenta, nos tocan a todas”, asegurando que se procederá con todo el rigor de la ley para sentar un precedente contra el machismo y la violencia de género que intenta silenciar a las mujeres en espacios de liderazgo. Esta declaración refuerza el mensaje institucional de que no habrá impunidad, independientemente del perfil de la víctima o del agresor.

La prórroga concedida por el juez indica que la investigación sigue activa y que se están recabando elementos probatorios adicionales. En casos de esta naturaleza, donde las acusaciones son graves y múltiples, es fundamental que la fiscalía construya un expediente sólido que pueda sostenerse en un juicio. La prisión preventiva justificada, medida que se mantiene, refleja el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos que se le imputan. El desarrollo de este proceso es observado con atención, ya que su curso y desenlace pueden influir en la percepción pública sobre la eficacia del sistema de justicia para responder a delitos sexuales, especialmente cuando involucran a figuras públicas y ocurren en espacios abiertos. La próxima audiencia del 13 de enero marcará un nuevo hito en la definición de los cargos y el posible paso a la siguiente fase del proceso penal.

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