Un juez ha emitido un total de 25 órdenes de aprehensión contra otras tantas personas presuntamente vinculadas con el incendio registrado en la tienda Waldo’s de Hermosillo, una tragedia que costó la vida a 25 personas, incluyendo un bebé en gestación. De ese amplio listado, siete individuos ya han sido detenidos y se encuentran bajo custodia de las autoridades. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó este avance en un informe preliminar, señalando que para la ejecución de estas órdenes se han autorizado técnicas de investigación específicas.
El perfil de los señalados marca un punto crucial en la investigación. Entre los objetivos de las órdenes judiciales se encuentran servidores públicos de los ámbitos municipal y estatal, lo que apunta a una posible responsabilidad institucional. De manera significativa, algunos de estos funcionarios estaban adscritos a áreas de protección civil, entidades cuya función primordial es precisamente la prevención y la gestión de este tipo de emergencias. Esta circunstancia eleva las preguntas sobre los mecanismos de supervisión y control que debieron activarse.
Los delitos por los que se les imputa responsabilidad delinean la gravedad legal del caso: homicidio culposo, lesiones culposas, aborto culposo e incumplimiento de un deber legal. Este último tipo penal es particularmente relevante, ya que se refiere a la omisión de acciones que, por ley o reglamento, un funcionario estaba obligado a realizar para prevenir un daño. La conjunción de estos cargos sugiere que la investigación no solo busca a los posibles responsables directos del siniestro, sino también a quienes, por acción u omisión, permitieron que se dieran las condiciones para la catástrofe.
El proceso judicial avanza con celeridad. Fuentes cercanas a los implicados han confirmado la materialización de las primeras detenciones, en un operativo que continúa su curso. Paralelamente, el sistema de justicia ha calendarizado la primera audiencia pública de relevancia para este mismo día. Se trata de la audiencia de formulación de imputación en contra de la persona moral, es decir, la empresa titular de la tienda Waldo’s, la cual tendrá lugar ante un Juez Oral Penal en Hermosillo. Este acto procesal es el primer paso formal para establecer la responsabilidad penal de la compañía en el marco de la tragedia.
Para contextualizar la magnitud de la respuesta legal, es necesario remontarse al origen de los hechos. El incendio se registró el 1 de noviembre de 2025 en la tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, con un saldo trágico de 24 fallecidos y la pérdida de un nonato. Las pesquisas posteriores han ido develando fallas sistémicas. Una de las más graves descubiertas hasta ahora es que el establecimiento siniestrado no contaba con un programa autorizado de Protección Civil vigente desde el año 2021. Este hallazgo motivó una medida cautelar de amplio alcance: el cierre preventivo de 68 sucursales de la misma cadena en todo el estado de Sonora, hasta que se regularizara su situación.
La investigación penal, por tanto, ha construido su estrategia en dos frentes aparentemente convergentes. Por un lado, la posible negligencia o incumplimiento de la empresa en sus obligaciones más básicas de seguridad. Por otro, la presunta responsabilidad de funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus cargos en áreas de supervisión, protección civil o administración, habrían omitido hacer cumplir la normativa o no actuaron con la debida diligencia. La emisión de 25 órdenes de aprehensión, muchas de ellas dirigidas a este segundo grupo, indica que los investigadores consideran que la tragedia no fue un accidente fortuito, sino la consecuencia de una cadena de fallos humanos y administrativos que ahora se pretende esclarecer y sancionar ante la justicia.
