Juez frena orden de captura contra exgobernador por presunto desvío de fondos

La Juez Noveno de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Jovita Vargas, ha paralizado temporalmente cualquier intento de detención contra el exmandatario michoacano Silvano Aureoles. ¿Se trata de un respaldo legal o una maniobra dilatoria? Fuentes judiciales revelan que, aunque el exgobernador deberá comparecer ante el juez de control, no podrá ser recluido mientras dure la suspensión, incluso si se decreta prisión preventiva.

Este caso, sin embargo, es solo la punta del iceberg. Documentos obtenidos por este medio muestran que las acusaciones van más allá: 3,412 millones de pesos habrían sido desviados en la compra irregular de cuarteles para la Guardia Civil en siete municipios. ¿Quiénes más están implicados? Testigos clave señalan que la red de corrupción involucraba a altos funcionarios, cuatro de los cuales ya fueron vinculados a proceso por peculado y lavado de dinero.

La jueza Vargas fundamentó su decisión en la falta de pruebas contundentes sobre los delitos imputados y la ausencia de riesgo de fuga. Pero, ¿es suficiente una fianza de 100,000 pesos para un caso de esta magnitud? Expertos legales consultados cuestionan si el sistema judicial está siendo utilizado como escudo por la élite política.

Mientras tanto, este miércoles 20 de agosto, Aureoles enfrentará una audiencia clave por los presuntos delitos de administración fraudulenta y asociación delictuosa. La jueza Patricia Sánchez Nava, quien emitió la orden de aprehensión original, tendrá que evaluar si las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para llevar al exgobernador a prisión. ¿Se hará justicia o prevalecerán los intereses ocultos?

Lo que comenzó como una investigación sobre compras irregulares podría destapar una red de corrupción sistémica. Los nombres de los exfuncionarios involucrados —Carlos Maldonado, Antonio Bernal, Elizabeth Villegas y Mario Delgado— sugieren que el esquema operaba desde las más altas esferas del gobierno estatal. ¿Hasta dónde llegan los hilos de este caso? La respuesta podría redefinir el panorama político de Michoacán.