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Juez suspende orden de aprehensión contra Silvano Aureoles por presunta corrupción

Un fallo judicial protege al exgobernador de una captura inmediata, mientras la Fiscalía cuestiona la decisión.

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Foto: Agencia Reforma.

Una jueza federal otorgó una suspensión definitiva a la orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, vinculado a un escándalo de presunta malversación en la construcción de siete estaciones policiales, con un perjuicio estimado en 3,412 millones de pesos. La magistrada Jovita Vargas Alarcón, titular del Noveno Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó que el político no puede ser detenido por ahora, aunque impuso una fianza de un millón de pesos como garantía.

La resolución se dio pese a las advertencias de la Fiscalía General de la República (FGR), que incluso amenazó con denunciar a la jueza por lo que calificó como una “protección escandalosa” hacia Aureoles. Curiosamente, la FGR cometió un error al atribuirle a Vargas Alarcón decisiones que en realidad correspondían a otra magistrada, Patricia Sánchez Nava, quien lleva el caso principal.

El exmandatario deberá presentarse el próximo 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente para una audiencia de imputación. Si no acude, la suspensión perderá validez y la FGR podría ejecutar la orden de captura. Sin embargo, esta medida solo aplica para este proceso específico; no lo protege de otras posibles órdenes de aprehensión.

La polémica se intensificó cuando la FGR acusó a la jueza de violar el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al fijar una audiencia fuera del plazo legal de 15 días. No obstante, el señalamiento estaba dirigido a la persona equivocada: Sánchez Nava, no Vargas Alarcón, fue quien emitió los citatorios.

El caso se remonta a contratos directos otorgados a la empresa Inmobiliaria DyF durante la administración de Aureoles, presuntamente irregulares, para construir comisarías en municipios como Apatzingán, Uruapan y Zitácuaro. La Fiscalía lo acusa de peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos que podrían complicar su situación legal si la suspensión se levanta.

Desde mi experiencia en cobertura de casos de corrupción, estos procesos suelen estar llenos de giros inesperados. Las suspensiones pueden ser tácticas dilatorias, pero también reflejan fallas en la estrategia de las fiscalías. Aquí, el error de la FGR al confundir a las juezas debilita su posición y da pie a cuestionamientos sobre su manejo del caso.

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