El vicealmirante Fernando Farías Laguna, señalado por presuntamente encabezar una sofisticada red de desvío de hidrocarburos en los puertos de Manzanillo, Tampico y Altamira, habría sido detenido en la Ciudad de México durante el mes de agosto por elementos de la Fiscalía capitalina y de la Fiscalía General de la República (FGR).
A finales del mes pasado, el abogado defensor Miguel Ángel Poo Romero interpuso una demanda de amparo. La acción legal se originó después de que la esposa del militar le informara que su cliente había sido aprehendido por agentes al llegar a su domicilio en la capital del país.
En los escritos iniciales presentados ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal, el litigante relató que fue contactado por la pareja del afectado, quien le notificó sobre la detención. Según la descripción, el operativo fue ejecutado por presuntos agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México en colaboración con elementos de la Policía Federal Ministerial.
El defensor también refirió que los agentes que llevaron a cabo la aprehensión indicaron que su cliente sería trasladado a las instalaciones o separos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) o al Centro de Investigaciones Federales de la FGR, ambos ubicados en la Ciudad de México.
El documento judicial recoge denuncias graves sobre el procedimiento. Se alega que, durante la detención, los presuntos agentes golpearon al vicealmirante y lo intimidaron verbalmente con frases como: “eso te pasa, por no darnos cincuenta mil pesos” y “¿no que muy vergas los marinos?”.
El abogado sostuvo en su demanda que su cliente efectivamente estuvo en las instalaciones de la FEMDO. No obstante, en su informe oficial ante el Juzgado, la FGR aseguró que el militar no había sido citado ni presentado ante sus autoridades, lo que generó una contradicción que el órgano judicial ordenó aclarar.
Ante estas irregularidades, José Alberto Rodríguez Rivera, secretario de Acuerdos del Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, concedió la suspensión provisional de la orden de aprehensión en contra del contraalmirante Fernando Farías Laguna. Esta medida cautelar frena, por el momento, cualquier intento de detenerlo por su presunta vinculación con la red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.
El secretario fijó un plazo de tres días para que el sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, se presente a una audiencia inicial ante el juez de control Mario Martínez Elizondo, con residencia en el penal del Altiplano. Se advirtió que, de no cumplir, la medida cautelar quedaría sin efecto. Adicionalmente, se le impuso el pago de una fianza de 49 mil pesos.
Como parte de la suspensión provisional, también se le concedió al imputado el acceso completo a la carpeta de investigación y a todos los datos de prueba que posea la Fiscalía General de la República, garantizando así su derecho a la defensa.
Este caso se deriva de una investigación más amplia. El pasado 19 de agosto, un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra 13 marinos y funcionarios aduaneros, presuntamente implicados en el desembarque irregular de 31 buques con huachicol fiscal en los dos últimos años.
Hasta el momento, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros diez imputados ya fueron detenidos y se encuentran internados en el penal del Altiplano. Solo permanecen prófugos el contraalmirante Fernando Farías y el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”.
