En mi larga trayectoria cubriendo el sistema judicial, he visto cómo los casos de alto perfil suelen seguir patrones predecibles, pero la reciente decisión de una jueza federal ha reactivado una orden de aprehensión contra el contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por el caso del desvío de combustibles, un delito que ya mantiene a su hermano Manuel Roberto tras las rejas. Esto no es solo otro expediente; es un recordatorio de que las redes de poder, cuando se desvían, operan con una audacia que solo la experiencia te permite desentrañar por completo.
El desarrollo legal
La magistrada Nancy Selene Hidalgo Pérez, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, declaró al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, como sustraído de la acción de la justicia. Desde mi perspectiva, he aprendido que estas resoluciones no surgen de la nada; son el resultado de una cadena de negligencias y audacias. La jueza autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar el mandamiento judicial, acusándolo de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, bajo la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMFCDMX/0000568/2024. He visto cómo estos expedientes, aparentemente fríos, cobran vida cuando los implicados subestiman el sistema, como ocurrió aquí al no comparecer y ver rechazado su amparo. En la práctica, esto no es solo un tecnicismo; es una lección sobre cómo la arrogancia puede sellar un destino legal.
La respuesta judicial y sus implicaciones
La jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez lo declaró prófugo de la justicia, reactivando una orden de aprehensión que había sido suspendida temporalmente debido al amparo interpuesto por la defensa de Fernando Farías. A lo largo de los años, he observado que estas reactivaciones suelen marcar un punto de no retorno; no son meros trámites, sino señales de que el sistema está recuperando su pulso. La magistrada instruyó que los elementos que realicen la aprehensión lleven a Farías Laguna al penal de máxima seguridad del Altiplano, notificando al Centro de Justicia Penal Federal y a la agente del Ministerio Público de la Federación para solicitar la audiencia inicial. Además, ordenó que los agentes designados entreguen una copia del mandamiento a Farías Laguna, asegurando que conozca el motivo de su detención. Esto, en mi experiencia, no es solo un procedimiento; es un recordatorio práctico de que, en la lucha contra la impunidad, cada detalle cuenta para evitar que las sombras del poder opaquen la transparencia judicial.
