Jueza federal defiende su imparcialidad ante vínculos cuestionados

En un giro que desafía los prejuicios institucionales, Eluzai Rafael Aguilar, recién designada jueza penal federal en Jalisco, ha redefinido el debate sobre independencia judicial versus afiliaciones personales. La magistrada, cuya constancia fue avalada por el INE para asumir el cargo desde el 1 de septiembre, desmonta con contundencia la presunción de conflicto de interés por su vinculación familiar con La Luz del Mundo.

“La excelencia profesional no se mide por credos sino por principios”, declaró la jurista al rechazar lo que calificó como “estigmatización sistémica”. Su postura plantea una pregunta radical: ¿Puede el sistema judicial evolucionar hacia una verdadera neutralidad donde el historial personal no opaque la capacidad técnica?

La designación de Aguilar —sin experiencia previa en el Poder Judicial pero con una trayectoria en litigio privado— y de Madián Menchaca como jueza administrativa (esta última evitando a la prensa), abre un diálogo urgente sobre meritocracia versus representatividad. Ambas provienen de familias prominentes en La Luz del Mundo, organización cuyo exlíder, Naasón Joaquín, cumple condena en EE.UU. por delitos graves.

La jueza esboza un modelo disruptivo: “Imparcialidad no significa negar mis orígenes, sino trascenderlos mediante ética profesional”. Su defensa del artículo 24 constitucional —que garantiza libertad de culto— contrasta con el desafío práctico: administrar justicia en casos que podrían involucrar a miembros de su comunidad religiosa.

Este caso revela una oportunidad histórica: ¿Y si en lugar de ver conflictos, construyéramos protocolos innovadores? Sistemas de blindaje ético, veedurías ciudadanas o algoritmos de transparencia podrían convertir estas tensiones en laboratorios para una justicia más humana y a la vez más objetiva.

Mientras el sistema tradicional exige divorciar vida privada y función pública, Aguilar propone algo más audaz: integrar las experiencias diversas para enriquecer el criterio judicial, sin comprometer la equidad. Un experimento social que podría redefinir cómo entendemos la imparcialidad en el siglo XXI.