Ciudad de México.— La jueza federal Ángela Zamorano Herrera negó la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al resolver que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pese a los argumentos de su defensa que alegaban buena conducta durante su reclusión en el penal federal del Altiplano.
Durante la audiencia realizada el pasado 19 de noviembre, la juzgadora determinó que Duarte incumple dos de los siete criterios obligatorios para acceder a la preliberación. El punto más relevante, explicó, es que el exmandatario aún se encuentra sujeto a un proceso penal vigente por el delito de desaparición forzada en Veracruz, relacionado con hechos ocurridos durante su administración. Este proceso continúa activo, luego de que un tribunal deberá revisar el auto de no vinculación a proceso previamente dictado.
Duarte, quien actualmente cumple una condena de nueve años por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada —esta última reclasificada durante su proceso—, concluirá su pena en abril de 2026. Fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, tras una orden de captura internacional, y extraditado a México en julio del mismo año. En septiembre de 2018 aceptó su culpabilidad mediante un procedimiento abreviado, lo que derivó también en su inhabilitación para ocupar cargos públicos por el mismo periodo.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República expuso testimonios para acreditar que Duarte no es candidato a la liberación anticipada. Entre los señalamientos, los fiscales afirmaron que el exmandatario ha retrasado deliberadamente procedimientos judiciales mediante la simulación de enfermedades y otras tácticas dilatorias. Cinco integrantes de la Fiscalía de Veracruz comparecieron como testigos, incluyendo a Denise Moreno Córdova, de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, quien detalló cómo, en 2013, el entonces gobernador habría obstaculizado la investigación de la desaparición de un taxista.
El expediente de Duarte incluye además señalamientos de un desfalco superior a los 60 mil millones de pesos durante su administración, así como el uso de más de 400 empresas fantasma para desviar recursos públicos destinados a salud, educación y programas sociales.
En el ámbito penitenciario, también se expusieron presuntos privilegios otorgados al exgobernador dentro del Altiplano, como el acceso a un teléfono celular, espacios diferenciados y facilidades especiales para recibir visitas. Su defensa sostuvo que estas condiciones forman parte de su derecho a preparar una estrategia legal adecuada; sin embargo, críticos del caso consideran que estos beneficios evidencian la influencia política y económica que Duarte aún mantiene.
Tras la resolución de la jueza Zamorano Herrera, Javier Duarte deberá continuar su condena bajo las condiciones actuales, mientras el proceso pendiente por desaparición forzada sigue su curso judicial.
