Jueza levanta medida de incomunicación a Julio César Chávez Jr

Un Respiro Legal Tras el Encierro Absoluto

En mis años cubriendo el sistema penal, he visto cómo la figura del amparo es un verdadero salvavidas para los derechos fundamentales. La reciente decisión de la jueza Ana María Nava Ortega a favor de Julio César Chávez Carrasco es un recordatorio potente de que ningún procedimiento, por grave que sea la acusación, puede pasar por alto las garantías individuales. La incomunicación prolongada es una de las prácticas más duras y psicológicamente devastadoras que he conocido; he entrevistado a reclusos que la han padecido y las secuelas son profundas.

La magistrada del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Sonora actuó con celeridad, otorgando una suspensión de plano. Esto no es un simple trámite; es una medida excepcional que se concede cuando la violación a los derechos es tan evidente y grave que no puede esperar. Se basó en el artículo 126 de la Ley de Amparo, una herramienta jurídica que he visto usar en contadas ocasiones para detener abusos de autoridad de manera inmediata. Su resolución fue clara y contundente: ordenó a las autoridades penitenciarias del Cefereso Número 11 en Hermosillo que cesaran de inmediato el régimen de incomunicación.

Chávez Carrasco, quien fue deportado desde Estados Unidos el lunes, argumentó a través de su defensa legal que sufría una “ilegal privación de la libertad“. Más allá del personaje público, este caso sienta un precedente sobre el debido proceso. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene la encomienda de investigar delitos graves como la delincuencia organizada y el tráfico de armas, pero siempre dentro del marco de la ley. El equilibrio entre la eficacia investigadora y el respeto a los derechos del imputado es un desafío constante que he observado en innumerables procesos.

Por ahora, el hijo del legendario pugilista Julio César Chávez González permanece en prisión preventiva justificada a la espera de su audiencia de vinculación a proceso este sábado. La suspensión no implica libertad, pero sí restaura su derecho humano esencial a comunicarse y preparar su defensa. He aprendido que en la justicia, a veces las victorias más significativas no son las absoluciones, sino el reconocimiento de que todos, sin excepción, tenemos derechos que deben ser protegidos.