La ampliación del Puerto de Veracruz desafía un fallo de la SCJN

Una Orden Judicial Ignorada

¿Por qué el Gobierno de México insiste en avanzar con la polémica ampliación del Puerto de Veracruz, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revocar de manera explícita las autorizaciones ambientales? Esta es la pregunta central que plantean organizaciones de la sociedad civil, las cuales alertan sobre un riesgo inminente para los frágiles ecosistemas costeros del Golfo de México.

El Fallo de la Corte y la Respuesta Oficial

Investigaciones periodísticas revelan que, en 2022, la Primera Sala de la SCJN dejó sin efecto los permisos que la Semarnat otorgó en 2004 a la Secretaría de Marina (Semar) para la construcción de la escollera sur. La Corte determinó que las evaluaciones se realizaron de manera fragmentada, violando el derecho humano a un ambiente sano. Sin embargo, durante la conferencia matutina del 23 de julio, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles anunció que los trabajos de la escollera, de más de 3 kilómetros, iniciarán en septiembre.

La Lógica de la Fragmentación

¿Se trata de una estrategia para evadir el escrutinio ambiental completo? La agrupación veracruzana Territorios Diversos para la Vida, una de las demandantes en el amparo, asegura que la fragmentación de la evaluación es una maniobra que oculta los verdaderos impactos acumulativos del megaproyecto portuario. “Impide conocer el riesgo ambiental real”, señalan en un comunicado. Además, existe una preocupación adicional: la falta total de información sobre los sitios de donde se extraerá la piedra, lo que podría implicar la destrucción de otras áreas naturales protegidas.

Las Dos Versiones

Frente a estas acusaciones, la Unidad de Comunicación Social de la Semar respondió a este medio que todas sus acciones se apegan a la normatividad y se realizan bajo la supervisión de las autoridades competentes. Aseguraron contar con los estudios ambientales correspondientes y mantienen un “compromiso permanente con la transparencia”. Sin embargo, esta postura choca frontalmente con el mandato judicial de realizar una nueva evaluación integral, holística e independiente, ordenada por la máxima corte del país.

La Incógnita Final

La investigación deja al descubierto una cruda disyuntiva: el desarrollo económico frente a la preservación ecológica. Pero la pregunta de fondo persiste: ¿Por qué la insistencia en un proyecto que la justicia ha marcado como irregular? La conclusión es clara: hasta que no se cumpla con la sentencia y se realice la evaluación integral ordenada, la sombra de la ilegalidad y el riesgo de un daño ambiental irreversible sobre el Sistema Arrecifal Veracruzano, incluido el arrecife La Gallega, seguirá creciendo.