La próxima semana se define el futuro de los vapeadores en México
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que la dictaminación de la reforma a la Ley General de Salud en materia de vapeadores se llevará a cabo en los próximos días. Pero, ¿qué intereses se esconden detrás de esta apresurada discusión legislativa?
En declaraciones a medios, Monreal aseguró que la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum será revisada con lupa, prometiendo no ceder ante presiones de lo que calificó como “cabilderos poderosos” que buscan beneficiar a la industria tabacalera. “No tenemos por qué hacer caso a quienes envenenan el país, aunque sean cabilderos poderosos o empresas de la industria tabacalera poderosas”, declaró el legislador.
La polémica definición que preocupa a las organizaciones civiles
Nuestra investigación revela que el corazón del conflicto se encuentra en el artículo 282 Ter del proyecto de ley, donde se define a los vapeadores como “aquellos que calientan sustancias tóxicas con o sin nicotina diferentes al tabaco”. Esta redacción, según documentos obtenidos por este medio, excluiría deliberadamente a los productos de tabaco calentado.
¿Por qué esta exclusión resulta tan significativa? Los antecedentes nos llevan al decreto presidencial de 2021, que originalmente permitió la importación de estos productos gracias a un vacío legal similar. Fuentes cercanas al caso confirman que aquella decisión, posteriormente corregida, fue interpretada como un beneficio indebido para la tabacalera Phillip Morris. La sombra de aquel episodio, atribuido al entonces consejero jurídico de presidencia Julio Scherer, se proyecta ahora sobre esta nueva reforma.
Monreal promete revisión exhaustiva entre cuestionamientos
“La revisión será exhaustiva“, aseguró Monreal en entrevista telefónica. Sin embargo, nuestro análisis de sus declaraciones revela contradicciones preocupantes. El mismo legislador admitió no haber estudiado a fondo el dictamen: “No le he visto, voy a platicar con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados“, reconoció.
Esta admisión genera dudas sobre la capacidad real del Legislativo para enfrentarse a los complejos tecnicismos legales que las tabacaleras conocen a la perfección. ¿Están los diputados suficientemente preparados para detectar los vacíos legales que podrían socavar el propósito original de la reforma?
Las sanciones: otro punto de controversia
Las penas propuestas, que alcanzarían hasta 8 años de prisión para quienes comercialicen y produzcan estos dispositivos, parecen severas en papel. No obstante, testimonios de expertos consultados sugieren que sin una definición precisa que incluya todos los productos de nicotina inhalada, estas sanciones podrían resultar inaplicables para los productos de tabaco calentado.
Monreal se mostró evasivo al ser cuestionado sobre este punto: “Hay que revisarla, yo no me pronuncio en este momento, porque apenas el debate comienza en las comisiones”.
Una batalla que trasciende lo legislativo
La investigación de este medio ha identificado un patrón que se repite: definiciones legalmente ambiguas, exclusiones convenientes y una carrera contra el tiempo que beneficia a quienes tienen los recursos para descifrar los vericuetos legales. Mientras los legisladores prometen proteger la salud de los mexicanos, la evidencia sugiere que la batalla real se libra en los detalles técnicos que pocos comprenden en profundidad.
La próxima semana, cuando los diputados discutan el dictamen, no solo estarán decidiendo sobre vapeadores, sino definiendo si la salud pública puede prevalecer sobre intereses comerciales que han demostrado una capacidad notable para moldear las regulaciones a su medida.
