La burocracia judicial avanza a paso lento para el heredero del Chapo

En un giro que nadie vio venir (excepto todos), el sistema judicial estadounidense ha decidido que Ovidio Guzmán López, el príncipe heredero del trono de amapola, merece una audiencia clave… dentro de dos años. Porque, claro, ¿qué mejor manera de combatir el narcotráfico que con la urgencia característica de una oficina de pensiones?

El documento oficial, redactado con la misma premura con la que crece el negocio familiar, establece que el 9 de enero de 2026 (marca tus calendarios, narcotraficantes) se decidirá cuándo se decidirá el castigo por los cuatro delitos a los que el acusado, en un arranque de sinceridad inusual en la familia, admitió culpabilidad.

“Se acepta el acuerdo de culpabilidad“, reza el texto judicial, en lo que podría ser el eufemismo más elegante desde que llamamos “daños colaterales” a las víctimas civiles. Mientras tanto, el negocio de los Chapitos sigue floreciendo, demostrando que en el mundo del crimen organizado, solo la justicia parece funcionar a cámara lenta.

El joven Guzmán, extraditado desde México en 2023 tras un cuidadoso proceso de “¿seguro que es él?”, enfrenta cargos que podrían resumirse como “herencia mal administrada”. Mientras los tribunales se toman su dulce tiempo, uno no puede evitar preguntarse: ¿estaremos presenciando un juicio o un curso acelerado de cómo burlar el sistema con paciencia institucional?