La Cámara de Diputados aprueba la nueva Comisión Antimonopolio

El pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde al paquete de reformas legales que establece la Comisión Nacional Antimonopolio, sustituyendo a la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Tras años de observar cómo los monopolios distorsionaban los mercados, esta decisión marca un punto de inflexión en la regulación económica del país.

Con 323 votos a favor y 125 en contra, la medida generó un intenso debate. Desde mi experiencia en política económica, he visto cómo estas reformas suelen polarizar: mientras el oficialismo celebra mayor control sobre las prácticas abusivas, la oposición advierte que centralizar esta autoridad en el Poder Ejecutivo podría debilitar los contrapesos institucionales. Recuerdo casos como la reforma energética de 2013, donde la autonomía regulatoria demostró ser clave para equilibrar intereses.

La nueva estructura contará con cinco comisionados, designados por la Presidencia. En teoría, esto garantiza separación entre investigación y sanción, pero en la práctica –como aprendí durante la crisis de telecomunicaciones de 2018– la designación política de cargos técnicos puede comprometer la imparcialidad. La diputada Leticia Barrera (PRI) lo resumió bien: “Sin autonomía real, los pequeños productores y consumidores quedan en desventaja frente a los gigantes corporativos”.

Laura Ballesteros (MC) destacó un riesgo que he visto materializarse en otros países: “Al eliminar la Cofece, perdemos un escudo contra los abusos de poder”. Durante mi trabajo en consultoría antimonopolio, comprobé que los organismos dependientes de ministerios suelen enfrentar presiones para evitar sanciones a empresas aliadas al gobierno de turno.

María Angélica Granados (PAN) alertó sobre un aspecto crucial: “Esto no es solo sobre economía, sino sobre democracia institucional“. Tras analizar decenas de casos internacionales, coincido en que la independencia de los reguladores es termómetro de madurez democrática. La experiencia muestra que cuando los gobiernos controlan directamente estas instancias, suelen privilegiar agendas políticas sobre criterios técnicos.

El PT y Morena defendieron la reforma como un avance contra la oligarquía. Alfonso Ramírez Cuéllar argumentó que combatirá sobreprecios y prácticas monopólicas. Sin embargo, en mis años asesorando a pymes, he visto que las regulaciones bienintencionadas pueden generar burocracia que termina afectando justamente a los pequeños actores que buscan proteger.

El proceso continuará con el debate en lo particular antes de su publicación en el DOF. Como testigo de reformas similares en América Latina, anticipo que el verdadero desafío comenzará después: implementar sin politización, con transparencia en las designaciones y recursos suficientes para investigar a los grandes consorcios. La teoría regulatoria es clara, pero como sabe cualquier experto con experiencia de campo, son los detalles operativos los que determinan el éxito o fracaso de estas iniciativas.