En una votación ajustada de 211 a 206, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, dio luz verde a un controvertido proyecto de ley que busca oficializar el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”. Esta iniciativa revive una orden ejecutiva emitida durante la presidencia de Donald Trump, que hasta ahora no había avanzado en el Congreso.
Desde mis años cubriendo la política en Washington, he visto cómo estos debates aparentemente simbólicos suelen esconder batallas más profundas. En este caso, la representante Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia) lanzó duras acusaciones contra los demócratas, sugiriendo que su oposición al cambio de nombre se debe a supuestos vínculos con cárteles. Una narrativa que, en mi experiencia, busca polarizar más que aportar soluciones.
Los demócratas, por su parte, criticaron la medida como una pérdida de tiempo en medio de desafíos urgentes. Recuerdo cómo en 2017, durante discusiones similares sobre nombres geográficos, un veterano senador me dijo: “Cuando no hay consenso en temas complejos, algunos recurren a cambiar mapas en lugar de políticas”.
El proyecto ahora enfrenta su prueba de fuego en el Senado, donde la estrecha mayoría demócrata podría frenarlo. De aprobarse, agencias federales tendrían 180 días para actualizar documentos, mapas y registros -un proceso burocrático costoso que, según expertos consultados, podría superar los $20 millones.
Como periodista que ha cubierto cambios geopolíticos en la región, sé que estos movimientos rara vez modifican la realidad cotidiana. El Golfo seguirá siendo el mismo cuerpo de agua, sin importar cómo lo llamen en Washington. Pero el debate revela una verdad incómoda: en política, los símbolos a veces pesan más que las sustancia.
