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Tras el lamentable incidente por la explosión de una pipa de gas licuado de petróleo en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una medida crucial. He visto a lo largo de los años que la verdadera gestión de riesgos no se hace en el escritorio, sino con lecciones aprendidas en campo. Por eso, instruyó de manera inmediata a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) para que elabore, de manera urgente y en coordinación con las instancias federales, un protocolo específico de circulación para vehículos de carga pesada que transporten hidrocarburos u otras sustancias de alto riesgo.
“He instruido a la secretaria de Protección Civil para que, en conjunto con el Gobierno Federal y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), puedan construir un protocolo integral para la ciudad. No se trata solo de prohibir, sino de regular inteligentemente: qué tipo de transportes pueden transitar, por qué corredores viales, en qué horarios y bajo qué condiciones de seguridad operativa”, explicó la mandataria. Esta es justamente la clase de acción que marca la diferencia entre una reacción tardía y una prevención efectiva.
Brugada fue enfática al señalar que la metrópoli “requiere y merece mejores condiciones para la circulación” de estas unidades de autotransporte de carga, especialmente a la luz del evento registrado este miércoles en la alcaldía Iztapalapa. Desde mi experiencia, un protocolo bien diseñado no solo previene accidentes, sino que también da certidumbre logística a los operadores.
En su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, aportó el crucial contexto normativo. Aclaró que el artículo 27 del Reglamento de Tránsito vigente ya establece que los vehículos con estas características deben ceñirse estrictamente a las rutas, horarios e itinerarios de carga y descarga previamente autorizados y publicados por las autoridades. La teoría está ahí, pero como suele pasar, el desafío está en la aplicación y el monitoreo constante.
“En este caso específico —precisó Vázquez Camacho— estamos analizando una vía primaria que, en el momento del incidente, no contaba con alternativas viables de incorporación para la ruta que seguía el autotransporte, lo que técnicamente habilitaba su presencia en ese tramo”. Este detalle es fundamental: a veces, el cumplimiento normativo choca con la realidad de la infraestructura urbana, una lección que aprendemos una y otra vez. La nueva normativa debe cerrar esas brechas.
