Una marea de indignación y solidaridad surgió desde el ejido La Concha en Torreón, transformando el dolor en una marcha imparable. Más de cien almas, acompañadas por una caravana de veinte vehículos, recorrieron a pie más de tres kilómetros en una peregrinación civil que desafiaba la narrativa oficial.
Su destino: la tienda HEB Senderos. Su misión: desentrañar la verdad detrás de la trágica muerte de Carlos Gurrola Arguijo, “Papayita”, un evento que sacude los cimientos de la confianza entre la comunidad, las corporaciones y las instituciones.
La Fiscalía de Coahuila declaró la ausencia de indicios de envenenamiento, pero ¿acaso un reporte burocrático puede calmar el instinto de una tía que exige ver las pruebas con sus propios ojos? María Guadalupe Arguijo encarna la desconfianza sistémica hacia las versiones que se construyen sin transparencia. Su demanda es simple, revolucionaria y profundamente disruptiva: “Que nos muestren las cámaras”.
¿Y si este caso no es solo sobre una sustancia nociva, sino sobre la toxicidad de los entornos laborales opacos? Familiares de Gurrola señalan que era víctima de acoso laboral, un dato que conecta puntos aparentemente inconexos y transforma una muerte individual en un síntoma de un ecosistema laboral disfuncional.
Frente a la tienda cerrada y custodiada por policías, la protesta se convirtió en un performance de duelo colectivo. Consignas como “no estamos todos, nos falta Papayita” resonaron no como quejas, sino como acusaciones poéticas contra un sistema que prioriza la operatividad sobre las personas.
Mientras el director de la Policía de Torreón intentaba mediar y el personal de HEB afirmaba su colaboración con las autoridades, la verdadera innovación sucedía en las calles: la comunidad se erigió como su propio órgano de investigación, desafiando el status quo y redefiniendo los mecanismos de exigencia de justicia. Este no es un simple conflicto laboral; es un laboratorio ciudadano para auditar la rendición de cuentas en la era corporativa.
