CIUDAD DE MÉXICO.- En un sublime ejercicio de aritmética moral, el Estado Mexicano ha perfeccionado el arte de presupuestar el sufrimiento humano. El Centro Prodh y Fundar, en un arrebato de inocente candor, han interrumpido el profundo letargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suplicar, casi con lágrimas en los ojos, que se garantice una mísera limosna —digo, un presupuesto mínimo— para la ayuda, atención y reparación integral de víctimas. ¡Qué osadía pretender que el dolor causado por la maquinaria estatal merezca más que las migajas del festín presupuestal!
Resulta que, en un acto de iluminada eficiencia, la reforma a la Ley General de Víctimas de 2020 eliminó aquel incómodo artículo que obligaba a destinar la astronómica cifra del 0.014% del gasto programable. Una verdadera traba burocrática para la sana administración de la impunidad. El próximo 18 de noviembre, los altos sacerdotes de la justicia, liderados por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, discutirán si es conveniente o no devolver esas monedas a los damnificados de la violencia nacional. Una declaratoria general de inconstitucionalidad se cierne sobre el horizonte, prometiendo, quizás, restituir lo que nunca debió ser quitado.
Las organizaciones, con terquedad admirable, insisten en que la reforma de 2020 fue un magnífico retroceso, una medida regresiva que eliminó una conquista clave del movimiento de víctimas. ¡Como si el progreso no consistiera, a veces, en dar dos pasos atrás para correr mejor hacia la ignominia! Ya en marzo de 2024, la Primera Sala de la SCJN, en un raro acceso de lucidez, declaró la eliminación de la garantía presupuestal como injustificada. Una sentencia que, como tantas otras, duerme el sueño de los justos en los archivos de la burocracia.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ese monumento a la simulación, ha dejado de recibir un promedio de 200 millones de pesos anuales desde la reforma. Para 2026, se contempla un presupuesto de 692 millones, cuando deberían ser al menos 913 millones. Es la nueva matemática gubernamental: presupuesto etiquetado para la opulencia, ajustes y recortes para el lamento de las víctimas.
En un contexto de violencia creciente y un Sistema Nacional de Víctimas convertido en cascarón vacío, la decisión de la Corte será crucial. No se trata solo de cifras, sino de una batalla ideológica entre quienes creen que el Estado debe ser un mero espectador del drama humano y quienes, ilusamente, sueñan con una tutela plena de derechos humanos. La nueva SCJN, dicen, tiene la responsabilidad de enviar un mensaje contundente. O, como es tradición, puede simplemente refrendar el viejo lema: que las víctimas se armen de paciencia, pues la justicia es lenta, pero el olvido es eficiente.
