En un giro tragicómico digno del más exquisito teatro del absurdo, dos organizaciones de la sociedad civil se han postrado ante el Olimpo Jurídico Nacional para suplicar, con la urgencia de quien pide limosna en un naufragio, que la Suprema Corte de Justicia condescienda a garantizar unas migajas presupuestarias para la subsistencia de las víctimas. Este derecho fundamental, otrora conquistado a fuerza de lágrimas y marchas, fue arrojado por la borda con la reforma a la Ley General de Víctimas en 2020, un acto de prestidigitación legislativa que hizo desaparecer lo que parecía un compromiso inquebrantable.
El próximo 18 de noviembre, los sumos sacerdotes de la justicia, liderados por el oráculo Giovanni Figueroa Mejía, deliberarán sobre una declaratoria general de inconstitucionalidad que podría, en un arrebato de sensatez, restituir ese financiamiento. Las organizaciones, jugando el papel de Casandra en esta farsa, proclaman que esta es la oportunidad dorada para que el Estado deje de simular una protección efectiva y se obligue a sí mismo, mediante un presupuesto etiquetado e intocable, a financiar la farsa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Una comisión que, sin fondos, se asemeja a un hospital sin medicinas: un monumento a la burocracia y la desesperanza.
El Genial Mecanismo del Olvido Institucional
Los sabios de Fundar y el Centro Prodh han develado el ingenioso artilugio: la reforma de 2020 no fue más que el acta de defunción de una conquista social, una jugada maestra para estrangular la capacidad del Leviatán estatal para ofrecer asistencia y reparación. Con sorna, recuerdan que, en un destello de lucidez, la Primera Sala de la SCJN tachó de regresiva e injustificada esta eliminación de la garantía presupuestaria en el Amparo en Revisión 675/2022. Una sentencia que, como un sermón en un burdel, fue escuchada pero no aplicada.
Las cifras, esos fríos y elocuentes testigos de la hipocresía, revelan la magnitud del despropósito: la CEAV ha dejado de percibir un promedio de 200 millones de pesos anuales desde que la reforma entró en vigor. Para 2026, el presupuesto proyecta una limosna de 692 millones de pesos, una cantidad risible si se compara con los 913 millones que serían necesarios para cumplir con el mínimo decoroso. Es la aritmética de la crueldad: se presupuesta la ilusión de la ayuda, no su realidad.
El Gran Dilema de la Nueva Corte
Con la solemnidad de quienes anuncian una plaga, las organizaciones advierten que el fallo de la Corte será el termómetro que mida el cinismo del sistema en un contexto de violencia creciente y un Sistema Nacional de Víctimas convertido en un cascarón vacío. “La nueva SCJN tiene la responsabilidad histórica de enviar un mensaje contundente”, declaman, como si confiaran en que la justicia, esa dama de ojos vendados, pueda quitarse por un momento la venda para mirar de frente el dolor que ignora. La regresividad en los derechos humanos espera, paciente, en la antesala del poder.
